El diputado José María Villalta Flórez-Estrada, jefe de fracción del Frente Amplio, presentó un proyecto de ley que crea un impuesto del 10% sobre los ingresos de las plataformas digitales que intermedian alquileres turísticos de corta duración en Costa Rica.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.910, también faculta a las municipalidades para limitar la cantidad, densidad y concentración de estos hospedajes por distrito, barrio, zona o inmueble.
Para aplicar esas restricciones, los gobiernos locales deberán presentar estudios técnicos sobre vivienda, infraestructura, servicios públicos, ambiente, movilidad y convivencia.
Además, deberán garantizar publicidad, participación ciudadana, razonabilidad y proporcionalidad en las medidas que adopten.
Regulación municipal y protección de comunidades residentes
En edificios predominantemente residenciales, las municipalidades podrían regular la cantidad y ubicación de los hospedajes no tradicionales, incluso limitarlos a determinadas plantas o sectores.
Esa potestad se activaría si estudios comprueban que su proliferación perjudica el derecho a la vivienda por especulación inmobiliaria o aumento desproporcionado de los alquileres.
El texto reforma la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio para que los propietarios no puedan contravenir las regulaciones municipales sobre esta actividad, definida como comercial y sujeta a autorización.
El proyecto no prohíbe estos alojamientos ni fija un límite nacional uniforme. Reconoce a las comunidades residentes el derecho a no ser desplazadas por la expansión desproporcionada de estos servicios.
La exposición de motivos cita el estudio económico de la OCDE de 2025, que señala presiones sobre el acceso a la vivienda en zonas costeras.
Villalta Flórez-Estrada sostuvo que la Ley 9742 regula este tipo de alojamiento sobre todo como actividad turística, comercial y tributaria, sin considerar su efecto sobre la disponibilidad de vivienda.
La propuesta aplica a viviendas, apartamentos, villas, cuartos y construcciones análogas que se alquilen por períodos de entre 24 horas y un año.
Excluye los arrendamientos para necesidad habitacional permanente y los establecimientos con otra categoría turística.
Registro obligatorio y sanciones para plataformas
El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) administraría un registro digital de los hospedajes, y ninguno podría anunciarse sin estar inscrito.
Cada hospedaje recibiría un número único que debe mostrarse en todo anuncio. Las plataformas también deberán inscribirse en un registro del ICT.
Entre los requisitos figuran acreditar la titularidad del inmueble, la conformidad con la regulación territorial, la licencia municipal cuando corresponda y estar al día con Tributación y la seguridad social.
Las plataformas tendrían que facilitar información a las instituciones del Estado, retener y pagar los impuestos correspondientes, con responsabilidad solidaria si no lo hacen.
Publicar anuncios sin verificar la inscripción, omitir el número de registro o incumplir una orden de retiro de anuncios figuran entre las infracciones graves.
El régimen sancionatorio establece multas de uno a tres salarios base por infracciones leves para personas operadoras, de cuatro a diez por graves y de 11 a 20 por muy graves.
Para plataformas, las multas irían de 20 a 100 salarios base por infracciones graves y de 50 a 200 por muy graves.
Lo recaudado en multas se destinaría a costear los procesos sancionatorios y a promover el turismo rural comunitario.
Distribución del nuevo impuesto
El impuesto especial del 10% gravaría las comisiones, tarifas de servicio y demás ingresos que obtengan las plataformas digitales por intermediar hospedajes en inmuebles ubicados en Costa Rica, sin importar dónde estén domiciliadas.
Las plataformas sin domicilio en el país deberán inscribirse ante la Administración Tributaria.
La recaudación se distribuiría así: 50% para las municipalidades, en proporción a lo recaudado en cada cantón, para vivienda asequible e infraestructura comunitaria.
Un 30% iría al Banco Hipotecario de la Vivienda para programas de vivienda y alquiler asequible en cantones con alta presión turística o déficit habitacional.
El 20% restante se destinaría al ICT para financiar el registro, la fiscalización y la producción de información sobre impactos territoriales y habitacionales.
El ICT, el Ministerio de Hacienda y las municipalidades tendrían nueve meses desde la entrada en vigencia de la ley para poner en funcionamiento los protocolos de intercambio de información.
De aprobarse, la norma pasaría a llamarse Ley para la Convivencia entre el Hospedaje No Tradicional y las Comunidades Residentes.
La iniciativa cuenta con las firmas de apoyo de todos los diputados del Frente Amplio.
Como la Asamblea Legislativa se encuentra en el segundo periodo de sesiones extraordinarias desde el 1 de noviembre, el proyecto requiere que el Poder Ejecutivo lo convoque para iniciar su trámite.









