El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez Bogantes, presentó un proyecto de ley que busca que al menos el 65% de la población mayor de 15 años domine el inglés a nivel B1 para el año 2050.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.909, se denomina Ley Marco de Promoción y Enseñanza del Inglés para Fomentar la Competitividad y la Empleabilidad.
El texto propone crear un Sistema Nacional para la Enseñanza del Inglés, bajo la rectoría del Ministerio de Educación Pública (MEP), y una Estrategia Nacional de Bilingüismo que ordene las acciones públicas en esta materia.
Según la exposición de motivos, el país carece de una ley que oriente la enseñanza del inglés pese a los programas existentes en el MEP, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y las universidades.
Una ley marco permitiría que estas acciones se mantengan como política de Estado y no como programas temporales sujetos a cambios de administración, sostiene el texto.
Metas de bilingüismo al 2050
El proyecto fija como meta principal que el 65% de la población de 15 años o más demuestre competencia funcional en inglés, equivalente como mínimo al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
Esa competencia se mediría en comprensión lectora, comprensión auditiva, redacción y expresión oral, mediante evaluaciones periódicas aplicadas a muestras representativas de la población.
También busca que todas las personas egresadas de la educación diversificada, tanto académica como técnica, sean evaluadas y reciban una certificación de su nivel de inglés vinculada al MCER u otra escala internacional reconocida.
Además, plantea implementar el currículo completo de inglés en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y en el INA, con cobertura universal en preescolar, educación general básica, diversificada y técnica.
Sistema con diez instituciones y comité técnico
El Sistema Nacional estaría integrado por el MEP, el Consejo Superior de Educación, el INA, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
También participarían el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y el sector privado, representado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras).
Entre sus funciones estarían diseñar y dar seguimiento a la estrategia, establecer indicadores nacionales de cobertura, acceso, certificación y dominio del idioma, y publicar un informe anual.
El proyecto también crea un comité técnico permanente de evaluación lingüística, adscrito al MEP y con diez integrantes con experiencia acreditada en lingüística aplicada, enseñanza de segundas lenguas, evaluación educativa o pedagogía.
Ese comité se reuniría al menos dos veces por trimestre para proponer un Marco Técnico Nacional de Evaluación Lingüística, que definiría cómo se diseñan, validan y comparan las pruebas, y una escala nacional común de reporte vinculada al MCER.
Si se usan sistemas automatizados o inteligencia artificial para evaluar el dominio del idioma, el proyecto exige supervisión humana, auditoría y trazabilidad, y que los resultados se divulguen de forma agregada, sin identificar a las personas evaluadas.
Alianzas público-privadas y bolsas de horas
La Estrategia Nacional de Bilingüismo incluiría programas curriculares, un sistema de medición del dominio lingüístico, pruebas diagnósticas y de certificación para estudiantes de educación general básica, diversificada y universitaria, así como para quienes estudien inglés en el INA.
También contempla material didáctico, cursos de actualización para docentes y recursos de aprendizaje gratuitos para la población.
El proyecto habilita a las instituciones del Sistema a establecer alianzas público-privadas para ampliar la enseñanza del inglés a personas jóvenes y adultas.
Estas alianzas deberán sustentarse en estudios técnicos, respetar los principios de transparencia y libre concurrencia, y quedarían sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
La entidad privada deberá tener trayectoria reconocida y demostrar, con documentación técnica, que sus pruebas se alinean con el MCER, pues la declaración comercial de equivalencia no sería suficiente.
En materia de empleabilidad, el texto pide a las instituciones del Sistema promover programas de formación y capacitación en inglés a partir de diagnósticos de demanda laboral, con prioridad para personas jóvenes, desempleadas, trabajadoras que requieran reconversión de habilidades y población fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
El INA, el MTSS y el MEP podrán articularlos con servicios de orientación e intermediación laboral y con la formación dual.
Las empresas privadas podrán crear bolsas de horas dentro de la jornada ordinaria para que sus personas trabajadoras aprendan inglés, en el centro de trabajo o de forma virtual o híbrida.
Según el proyecto, esa participación no podrá implicar rebajas salariales, afectación de derechos laborales ni cargas desproporcionadas para las personas trabajadoras, y los cursos podrán articularse con el INA, instituciones educativas o entidades certificadoras.
La iniciativa cuenta con las firmas de apoyo de 17 diputados del PLN.
Como la Asamblea Legislativa se encuentra desde el 1 de noviembre en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto requiere que el Poder Ejecutivo lo convoque para iniciar su trámite.









