El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez Bogantes, presentó dos proyectos de ley para que las empresas contraten y formen a personas jóvenes con menos trámites.
Las iniciativas abordan la empleabilidad de la población entre 18 y 35 años, con atención prioritaria para quienes tienen entre 18 y 24.
El expediente 25.907 plantea incentivos para contratar jóvenes fuera de la Gran Área Metropolitana. El 25.908 propone reformas a la Ley 9728 para facilitar la participación empresarial en la educación y formación técnica profesional dual.
Según la exposición de motivos del primer proyecto, Costa Rica registró en enero de 2026 la segunda mayor tasa de desempleo juvenil entre los países de la OCDE, con un 25,3%.
Incentivos fiscales para empresas fuera de la GAM
El proyecto 25.907 permite extender hasta cuatro años las contribuciones patronales reducidas que pagan las empresas nuevas de zonas francas instaladas fuera de la GAM.
La extensión aplica al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, al Banco Popular, al IMAS y al INA.
El beneficio depende del crecimiento de la planilla joven: de uno a tres años adicionales cuando las contrataciones netas superen el 5% de la planilla.
Se suma un año más si al menos la mitad son mujeres jóvenes en territorios de atención prioritaria. La Caja Costarricense de Seguro Social verificaría esas contrataciones.
Además, el texto crea un crédito fiscal en el impuesto sobre la renta para empresas que operen por completo fuera de la GAM.
Equivale al 15% de los salarios brutos de cada joven contratado durante cinco años. Puede llegar al 25% si se trata del primer empleo formal de una mujer joven en un territorio prioritario.
Reformas a la educación dual
El proyecto 25.908 parte de la misma idea, pero desde la formación. El proponente señaló que la ley de educación dual no ha tenido el impacto esperado.
Citó el IV Informe del Estado de Formación y Educación Técnica Profesional Dual en Costa Rica, que reporta una participación limitada de las empresas.
La iniciativa propone que las empresas puedan iniciar con planes piloto antes de inscribirse formalmente como formadoras.
También permite que dos o más empresas se asocien para ofrecer un programa cuando una sola no tenga todos los equipos o mentores.
La persona estudiante rotaría entre ellas bajo un único plan de formación, sin relación laboral.
Las personas mentoras tendrían tiempo y facilidades para completar procesos expeditos de capacitación o acreditación del INA.
Los estudiantes mayores de edad podrían asistir a las empresas fuera del horario del centro educativo, si hay convenio.
Menos trámites y coordinación territorial
Ambos proyectos plantean la reducción de la tramitología como condición para que las empresas participen.
El 25.908 propone que los requisitos de las empresas formadoras se verifiquen en una plataforma digital del INA y el Ministerio de Educación Pública.
Incluiría una declaración jurada inicial, una resolución en 20 días hábiles y la prohibición de pedir documentos que ya estén en manos de otra institución pública.
El 25.907 autoriza a las municipalidades fuera de la GAM a crear ventanillas únicas para emprendimientos juveniles.
No se dispensarían los requisitos sanitarios, ambientales, urbanísticos o de seguridad. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal aportaría una guía técnica.
El 25.908 faculta a la Comisión Asesora de la ley a promover mesas sectoriales con empresas, centros educativos, cámaras y organizaciones sociales y sindicales.
El objetivo es definir qué ocupaciones y competencias requiere cada sector y recomendar qué programas crear, ampliar o suprimir.
El 25.907 pide a la Red Nacional de Incubación y Aceleración que, en tres años, opere al menos una incubadora en cada una de las cinco regiones de planificación: Huetar Norte, Huetar Caribe, Brunca, Chorotega y Pacífico Central.
También crea un Programa Nacional de Emprendimiento Joven Rural en el Instituto de Desarrollo Rural.
Ordena que el Sistema de Banca para el Desarrollo no rechace créditos a jóvenes emprendedores solo por falta de historial crediticio, garantías o ingresos regulares, siempre que el proyecto sea viable.
Para evaluar esas solicitudes, el 25.907 manda a considerar la participación en programas de formación del INA y la experiencia acreditada mediante prácticas profesionales o modalidades de educación dual.
Ambas iniciativas cuentan con las firmas de los 17 diputados de la bancada liberacionista.
La Asamblea Legislativa se encuentra desde el 1 de noviembre en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, por lo que el Poder Ejecutivo debe convocar los proyectos para iniciar su trámite.









