La diputada Kattia Calvo Cruz, del Partido Pueblo Soberano, presentó un proyecto de ley para que la Contraloría General de la República audite cada año los recursos de las universidades públicas.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.901, también busca delimitar el ámbito de acción del órgano contralor frente a la administración activa.
El texto reformaría los artículos 11 y 12 y adicionaría un artículo 32 bis a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.° 7428.
En materia de interpretación normativa, la propuesta establece que ante ambigüedades, vacíos u oscuridad en una norma, la Contraloría debería resolver con sujeción a los principios de supremacía del interés público y de tutela de la Hacienda Pública.
Además, el proyecto prohibiría al órgano contralor sustituir o abarcar asuntos que correspondan exclusivamente a la administración pública activa en sus modalidades decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa.
Auditorías anuales a las universidades públicas
De aprobarse la iniciativa, la Contraloría ejercería control posterior mediante auditorías anuales ordinarias a las universidades públicas sobre la ejecución presupuestaria, la liquidación de fondos y la gestión financiera de la totalidad de sus recursos.
El alcance incluiría todos los fondos sin importar su origen: el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), leyes específicas, presupuestos extraordinarios, transferencias adicionales del Poder Ejecutivo, superávits libres y específicos, rendimientos de inversiones financieras, donaciones y montos destinados a sus fundaciones.
Los informes resultantes incluirían resultados, conclusiones, recomendaciones y disposiciones de acatamiento obligatorio.
Estos documentos se anexarían al informe final de labores que la Contraloría presenta a la Asamblea Legislativa y se remitirían a cada diputación el 1.º de mayo de cada año.
Fundamento jurídico y antecedentes
Kattia Calvo Cruz sostuvo que la iniciativa respeta el principio de irreductibilidad de las competencias de la Contraloría y que «no afecta las potestades que le corresponden».
Para delimitar el ámbito de acción del órgano contralor, la propuesta cita la opinión consultiva 2024-021375 de la Sala Constitucional, del 29 de julio de 2024, según la cual los órganos de control no pueden sustituir ni desplazar las funciones de la administración activa.
También se apoya en la resolución 2024-028774, del 1.º de octubre de 2024, originada en una consulta facultativa del Tribunal Supremo de Elecciones y de la propia Contraloría.
Según el proyecto, ese fallo dispuso que el límite de acción del órgano contralor debe fijarlo la Asamblea Legislativa mediante una ley.
La propuesta retoma la intención de las llamadas leyes Jaguar presentadas por la administración Chaves Robles.
La primera versión, expediente 24.364, buscaba limitar de forma más amplia las actuaciones de la Contraloría frente a la administración activa, pero la Sala Constitucional declaró inconstitucional esa reforma, salvo en cuanto a impedir que el órgano contralor pudiera sustituir o abarcar funciones propias de la administración.
La Ley Jaguar 2.0, expediente 24.467, proponía modificar el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría para conservar precisamente esas dos prohibiciones, y la Sala determinó por mayoría que esa modificación no presentaba un vicio de inconstitucionalidad.
El expediente 25.901 retoma esa misma delimitación entre la Contraloría y la administración activa.
Autonomía universitaria y Hacienda Pública
Sobre las universidades, el texto reconoce la autonomía establecida en el artículo 84 de la Constitución Política, pero afirma que los fondos que administran forman parte de la Hacienda Pública.
La exposición de motivos recurre a las sentencias 2016-02419 y 2016-18087 de la Sala Constitucional, que distinguen entre autonomía y soberanía, y a la resolución 2022-023239, del 5 de octubre de 2022.
En esta última, la Sala indicó que «no existe una Hacienda Universitaria separada de la Hacienda Pública».
La proponente agregó que las diputaciones pueden, mediante una ley, delegar esta fiscalización en la Contraloría y solicitarle, como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, los informes necesarios para ejercer el control político sobre el FEES y los demás ingresos de las universidades.
Como la Asamblea Legislativa se encuentra desde el 1.º de noviembre en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, el expediente debe ser convocado por el Poder Ejecutivo para iniciar su trámite.









