Jeremy Buzano Paisano, condenado a 50 años de prisión por el femicidio de Nadia Peraza, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para intentar frenar su reubicación en el Centro de Atención de Conducta Compleja (CACO).
La acción judicial fue interpuesta junto a otros tres privados de libertad recluidos en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.
Los recurrentes alegaron que el régimen disciplinario y las condiciones del nuevo complejo penitenciario violan sus derechos fundamentales.
La identidad de los otros tres internos se mantiene bajo reserva administrativa en los registros públicos consultados.
Reclamos sobre privacidad y régimen carcelario
Los privados de libertad cuestionaron ante la Sala IV varios aspectos de la normativa interna y la infraestructura del CACO.
Señalaron falta de privacidad en el uso de los servicios sanitarios dentro de las celdas de máxima contención, debido a la disposición visual y la vigilancia permanente.
También impugnaron la obligatoriedad del corte de cabello rapado y el uso estricto del uniforme asignado para esta población penal.
Además, denunciaron que las restricciones de movilidad y estancia en este centro de alta complejidad exceden los estándares penitenciarios habituales.
Traslado ejecutado pese a recurso en trámite
La presentación del recurso de amparo no implica que los magistrados hayan determinado una lesión a derechos fundamentales.
Tampoco genera por sí misma una medida cautelar suspensiva automática sobre las decisiones administrativas de la Dirección General de Adaptación Social.
El Ministerio de Justicia y Paz confirmó que Jeremy Buzano Paisano ya fue trasladado formalmente al CACO.
Trascendieron imágenes del sentenciado con el cabello rapado y portando el uniforme reglamentario de dicha unidad.
El CACO constituye una de las principales apuestas del Poder Ejecutivo para reforzar el control, aislamiento y perfilamiento sobre reclusos catalogados de alta peligrosidad.
Corresponderá ahora a los magistrados constitucionales resolver el fondo del amparo y definir si el protocolo penitenciario impugnado se ajusta a los preceptos de la Carta Magna.
