El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, cuestionó este lunes las actuaciones del fiscal general de la República, Carlo Díaz, y de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, tras la visita que ambos realizaron al Centro de Atención de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).
En una carta difundida en sus redes sociales, Aguilar Vargas manifestó su indignación por lo que considera una mayor preocupación de ambos jerarcas por los derechos de las personas privadas de libertad que por las víctimas de la violencia.
«Me duele y me indigna, en medio de estas historias de tragedia, las actuaciones recientes del fiscal general y de la defensora de los Habitantes, que generen la percepción de que para ellos existe mayor preocupación por quienes cometieron estos crímenes atroces, que por las víctimas y sus familias»
El jerarca defendió la política de seguridad del Gobierno y aseguró que enfrentar el crimen organizado continúa siendo una prioridad de la administración, primero bajo el mandato de Rodrigo Chaves Robles y ahora con Laura Fernández Delgado.
Defensa de la política de seguridad del Gobierno
Aguilar Vargas hizo referencia a las familias que han perdido seres queridos por la violencia y expresó su solidaridad con quienes han sufrido las consecuencias del narcotráfico y el crimen organizado.
«El maldito crimen organizado nos ha arrebatado demasiadas vidas, ha destruido demasiadas familias y ha sembrado demasiado dolor en nuestra querida Costa Rica»
El ministro también señaló que los derechos humanos deben proteger a todos los sectores de la población, incluidas las víctimas de la delincuencia, los policías y los niños que quedaron huérfanos por la violencia.
Aguilar Vargas aseguró que el Gobierno continuará enfrentando a los grupos criminales dentro de los límites que establece la ley y reiteró que Costa Rica merece vivir en paz.









