La diputada Nayuribe Guadamuz Rosales cuestionó el contrato de alquiler del edificio que alberga la Sala Constitucional, por el cual el Poder Judicial ha pagado más de 12 millones de dólares desde 2017.
La legisladora señaló que la empresa propietaria del inmueble está vinculada a Mónica y Paul Wedel Pacheco, hijos de Juan José Wedel Carazo, donante del Partido Liberación Nacional.
«¿A quién beneficia que este contrato millonario siga corriendo? Son recursos de todos los costarricenses»
El contrato vigente establece un pago mensual superior a los 120 mil dólares, según detalló la diputada. La cifra representa un incremento de aproximadamente 20 mil dólares mensuales respecto al monto anterior.
Aumento firmado por Orlando Aguirre en 2024
Nayuribe Guadamuz Rosales afirmó que en 2024, Orlando Aguirre, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, firmó una adenda que elevó el alquiler de cerca de 100,2 mil dólares a más de 120 mil dólares mensuales.
La legisladora cuestionó la justificación de ese aumento mientras el Poder Judicial ya adquirió un terreno para construir una sede propia.
«El Poder Judicial ya compró un terreno para una sede propia, pero los planos constructivos, el presupuesto, la contratación de la constructora y la construcción siguen en cero»
Teletrabajo y uso del edificio
La diputada también puso en duda la necesidad de mantener un alquiler de esa magnitud cuando gran parte del personal trabaja de forma remota.
Según sus datos, de 150 funcionarios asignados a la Sala Constitucional, 110 trabajan bajo modalidad mixta y 62 profesionales en derecho laboran cuatro días desde casa y solo uno de forma presencial.
«¿Tiene sentido seguir pagando semejante alquiler?», preguntó Nayuribe Guadamuz Rosales.
La legisladora anunció que impulsará acciones de fiscalización sobre el contrato y sus modificaciones.
«Vamos a preguntar, vamos a fiscalizar y vamos a seguir exigiendo cuentas. Sea quien sea, caiga quien caiga. No aflojaremos, más bien apretaremos»
