La diputada Nayuribe Guadamuz Rosales solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia explicar los criterios y costos de las medidas de protección otorgadas al exdiputado Ariel Robles Barrantes durante su comparecencia judicial del 27 de agosto de 2026.
Ese día, Ariel Robles Barrantes acudió a una audiencia con un chaleco de protección balística y escoltado por dos agentes del Organismo de Investigación Judicial.
La gestión, enviada el 28 de agosto de 2026 mediante el oficio AL-FPPS-42-OFI-0069-2026, está dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez.
En el documento, la legisladora aclaró que no cuestiona la procedencia de las medidas adoptadas ni las valoraciones de las autoridades competentes.
Sin embargo, señaló que la situación genera un interés legítimo por conocer cómo se determinan este tipo de protecciones y bajo qué condiciones pueden acceder a ellas otras víctimas o testigos en riesgo.
Siete solicitudes de información al Poder Judicial
La diputada Nayuribe Guadamuz Rosales planteó siete requerimientos específicos a la Corte Suprema de Justicia.
El primero busca identificar qué autoridad dispuso las medidas para Ariel Robles Barrantes y cuál fue el fundamento normativo, reglamentario, protocolario y técnico utilizado.
También pidió aclarar si el chaleco de protección balística fue suministrado, recomendado o dispuesto institucionalmente.
La segunda solicitud exige la remisión de la normativa vigente que regula el acompañamiento o custodia de agentes del Organismo de Investigación Judicial y el uso de protección balística.
El tercer punto consulta el costo total estimado del despliegue de seguridad para esa comparecencia, incluyendo recursos humanos, logísticos y materiales.
Criterios de riesgo y acceso equitativo
La legisladora también preguntó cuáles son los criterios técnicos utilizados para determinar el nivel de riesgo de una persona y definir la intensidad de las medidas de protección.
En particular, consultó si la exposición pública o mediática, la notoriedad de la persona protegida o el ejercicio de cargos públicos inciden en la valoración del riesgo.
Además, solicitó información sobre los mecanismos que garantizan que víctimas y testigos con niveles de riesgo comparables puedan acceder a medidas similares, independientemente de su exposición pública.
El séptimo requerimiento pide datos estadísticos separados para 2025 y lo transcurrido de 2026 sobre cuántas personas recibieron acompañamiento o custodia de agentes para comparecer a diligencias judiciales.
Dentro de ese total, la diputada Nayuribe Guadamuz Rosales solicitó precisar cuántas utilizaron elementos de protección balística, sin revelar identidades ni información confidencial.
La solicitud fue presentada en ejercicio de las facultades de control político y seguimiento de asuntos de interés público.
La respuesta deberá remitirse dentro de los plazos establecidos en la Ley N.º 10554, Ley Marco de Acceso a la Información Pública.
