La presidenta Laura Fernández Delgado emitió un decreto que declara como secreto de Estado los informes, documentos, archivos y coordinaciones vinculados al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo Fuerza Élite.
La norma fue firmada el 27 de julio y publicada en La Gaceta el 10 de agosto. El decreto abarca presupuestos, ofertas, financiamiento y ejecución de compras relacionadas con estos órganos de seguridad.
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La mandataria argumentó que la medida busca proteger información sensible frente al crimen organizado. La restricción aplica con independencia de si las contrataciones involucran entidades estatales o privadas.
Reacciones de la oposición legislativa
Diputados de oposición expresaron preocupaciones sobre posibles riesgos de opacidad en contrataciones y uso de tecnologías de vigilancia. El legislador Marco Badilla Chavarría, del Partido Liberación Nacional, cuestionó el alcance de la medida.
La diputada Sigrid Segura Artavia, del Frente Amplio, también manifestó reparos ante la falta de fiscalización en compras públicas. Ambos legisladores forman parte de las bancadas que presentaron recursos ante la Sala Constitucional.
El decreto se encuentra en manos de la Sala Constitucional tras recursos presentados por ciudadanos y jefes de bancadas opositoras. Los recurrentes alegan que la norma podría vulnerar el principio de transparencia.
La Presidencia defendió que la restricción se limita a datos estratégicos de seguridad. El Ejecutivo negó intenciones de adquirir sistemas de espionaje como Pegasus.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, mencionó que sectores de izquierda están identificados. La declaración del jerarca se dio en el marco de la discusión sobre el alcance del decreto.
Juristas cuestionaron la legalidad del decreto por la ausencia de una ley formal que regule el secreto de Estado. Especialistas en derecho constitucional señalaron que la medida carece de respaldo legislativo específico.
La oposición alertó sobre la falta de fiscalización en compras públicas. No se confirmaron en las fuentes casos específicos de uso de software de espionaje.
