La ministra de Economía, Industria y Comercio, María del Milagro Solórzano León, ordenó a funcionarios de su confianza suscribir contratos de confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso como parte de sus funciones.
La medida fue revelada por el medio de comunicación Interferencia, que tuvo acceso a los documentos dirigidos a personas que ocupan puestos de confianza, entre ellas viceministros y directores.
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Según los documentos, se considera confidencial toda información oral, escrita, visual, sonora, audiovisual o electrónica que sea suministrada por la jerarca del MEIC, así como aquella que los funcionarios conozcan en razón del ejercicio de sus cargos.
Los acuerdos establecen que los funcionarios no pueden divulgar, comunicar ni transferir esa información a terceros, incluso cuando se trate de otros funcionarios públicos que no estén autorizados para recibirla.
Restricciones sobre conversaciones con la ministra
Los contratos contemplan restricciones sobre las conversaciones que los funcionarios mantengan con la ministra. Estas no podrán ser divulgadas, de forma verbal o escrita, sin autorización de la jerarca, independientemente de que su contenido sea considerado sensible o no.
La obligación de confidencialidad no aplicaría cuando la información ya era conocida por el funcionario, se haga pública por una causa que no le sea imputable, provenga de un tercero que no esté obligado a mantenerla en reserva o su divulgación haya sido autorizada.
El incumplimiento de las disposiciones es considerado una falta grave y podría derivar en el despido del funcionario. El MEIC se reserva la posibilidad de reclamar por los eventuales daños y perjuicios ocasionados.
Contexto de secretos de Estado
La medida se conoce en medio de la decisión de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, de declarar como secreto de Estado información relacionada con la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado.
El decreto incluye documentos, presupuestos, planes operativos y contratos de compras públicas vinculados con esas áreas.
La decisión llevó al Bloque Democrático a presentar una acción ante la Sala Constitucional y solicitar, como medida cautelar, su suspensión mientras se resuelve la acción.
