El abogado Boris Molina comenta que el decreto de secreto de estado impulsado por el Gobierno de Laura Fernández Delgado es un tema «absolutamente político» y no jurídico.
Molina afirmó que la estrategia del Ejecutivo es generar caos semanalmente para mantener a los costarricenses enfrentados.
«El caos de la semana al que nos somete el gobierno de doña Laura Fernández, precisamente porque la estrategia de este gobierno es que todas las semanas tengamos un tema caótico que nos ponga a pelear a los costarricenses», sentenció Boris Molina.
Molina señaló que hace dos semanas intentó promover un diálogo con el tema de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, pero concluyó que el Ejecutivo no quiere dialogar.
«Al Ejecutivo le conviene este caos para seguir con su estrategia de victimización», advirtió Molina.
Boris Molina cuestiona la viabilidad constitucional del decreto
Molina aseguró que ningún asesor de Laura Fernández Delgado cree que el decreto sea viable desde el punto de vista constitucional.
Según el abogado, el objetivo es que la medida llegue a la Sala Constitucional para que sea ese órgano el que resuelva, sin importar el resultado.
«Siempre lo van a utilizar para desacreditar al Poder Judicial e ir con esa estrategia, debilitando las estructuras institucionales del país», afirmó Molina.
Límites del secreto de estado según Boris Molina
Desde el punto de vista jurídico, Molina explicó que el secreto de estado debe ser temporal, excepcional y estar justificado en el respeto a los derechos humanos.
Puso como ejemplo la protección de la identidad de los agentes de la DIS, que consideró un secreto de estado legítimo.
«Proteger la identidad de los agentes de la DIS es absolutamente claro que es un secreto de estado», sostuvo Molina.
Sin embargo, cuestionó que se pretenda ocultar información sobre compras de equipamiento para esos agentes.
«Los pantalones, los zapatos, los chalecos o el software que puedan utilizar esos agentes de la DIS en su trabajo no tiene por qué ser secreto de estado», recalcó.
Molina insistió en que el público tiene derecho a conocer a quién se le compra, en cuánto y con qué calidad.
Posibles escenarios ante la Sala Constitucional
Señaló que la Sala Constitucional podría rechazar el recurso de amparo, declararlo con lugar o hacer una interpretación conforme.
En ese último caso, el tribunal podría indicar al Poder Ejecutivo los términos específicos en que puede aplicar el secreto de estado.
Molina concluyó con un llamado a la reflexión: «El caos no es la solución, es el diálogo, es la paz, es poder interpretar cada uno como quiera, pero sin necesidad de convertirlos en enemigos».
