La Sala Constitucional emitió una segunda medida cautelar que obliga a la Asamblea Legislativa a detener también la discusión del Presupuesto Nacional 2027, no solo su votación en segundo debate.
La resolución fue dictada por la magistrada Ingrid Hess en el expediente 26-040155-0007-CO, donde se tramita una consulta planteada por diputados del Partido Liberación Nacional y del Frente Amplio.
El fallo ordena al plenario abstenerse de discutir y aprobar el proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo número 25.754 antes del 29 de noviembre.
La decisión se conoció minutos después de que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, levantara abruptamente la sesión del plenario.
Horas antes, el magistrado Fernando Cruz Castro, presidente interino de la Sala Constitucional, había ordenado suspender únicamente la votación en segundo debate del plan de gastos.
Pese a esa primera medida cautelar, Yara Jiménez Fallas decidió continuar con la discusión del presupuesto, con el respaldo de la bancada oficialista de Pueblo Soberano.
La decisión provocó la reacción inmediata del bloque opositor, que presentó una apelación. La gestión no prosperó porque Pueblo Soberano cerró filas para votar en contra.
La presidenta legislativa abrió formalmente la discusión por el fondo del expediente 25.754 y otorgó la palabra a las congresistas del Frente Amplio, Eugenia Román Mora y Sigrid Segura Artavia.
Ambas legisladoras acusaron a Yara Jiménez Fallas de desacatar las órdenes del alto tribunal. Poco después se solicitó un nuevo receso y se levantó la sesión.
Nogui Acosta defiende continuar con el debate
El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén, sostuvo que la primera orden de la Sala Constitucional únicamente suspendía la votación del proyecto en segundo debate, pero no impedía que los diputados continuaran con su discusión.
«Hay que separar el tema de la discusión del tema de la votación y lo único que resuelve la medida cautelar es que no se puede votar el presupuesto en segundo debate. Podemos agotar la discusión»
El legislador consideró que no tendría sentido suspender el debate cuando existe un plazo para realizar la votación. Su intención era continuar con las intervenciones y reservar la aprobación para el 29 de noviembre.
Ante los cuestionamientos sobre la conveniencia de continuar discutiendo el proyecto sin conocer previamente el criterio de la Sala IV, Nogui Acosta Jaén calificó esa posición como «demasiado aventurada».
«No se le pueden hacer modificaciones en este momento. Ya se ha votado en primer debate. Lo que la Sala está diciendo es que no puede resolverse en segundo debate, así que no tiene ningún sentido detener esta discusión»
Rechazo a los 38 votos
Nogui Acosta Jaén también rechazó la interpretación de que se necesiten 38 votos para aprobar el presupuesto nacional, ante una eventual afectación del funcionamiento del Poder Judicial.
«El presupuesto se aprueba con 29 votos, la mitad más uno de los presentes. Así que calificar la votación sería abiertamente inconstitucional porque está ya poniéndole una característica particular a un proyecto que no es un proyecto normal, sino que es un proyecto presupuestario»
El legislador insistió en que la Sala Constitucional no ha establecido que se requieran 38 votos para aprobar el plan de gastos.
«Esa no es una interpretación adecuada, no lo ha dicho la Sala. Lo único que ha dicho la Corte es que afecta su funcionamiento, no significa que requiera 38 votos por una simple razón, porque es el presupuesto de la República, no es una ley cualquiera»
Reacción del PLN y del Poder Judicial
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez Bogantes, aseguró que la resolución de la Sala Constitucional respalda los cuestionamientos que esa agrupación planteó desde que el presupuesto se discutía en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
«Lo que ahora viene a decir la Sala es que este proyecto no se puede votar el Presupuesto Nacional hasta que la Sala no resuelva esa consulta facultativa que hizo Liberación Nacional»
El legislador sostuvo que las disposiciones cuestionadas podrían sujetar los recursos asignados al Poder Judicial a decisiones del Poder Ejecutivo, mediante procedimientos que permitirían al Gobierno controlar parte de esos fondos.
«Nos complace muchísimo que en este momento no se va a votar el presupuesto hasta que la Sala resuelva esta consulta que hicimos»
La primera medida cautelar fue acogida a solicitud de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, quien advirtió que varias normas de ejecución presupuestaria provocarían una paralización parcial del Poder Judicial.
Patricia Vargas alegó que, si esas disposiciones entran en vigor el 1 de enero de 2027, podrían provocar el cierre de despachos, la interrupción de servicios y el despido de más de 2.400 funcionarios judiciales.
La oficina de prensa de la diputada Claudia Dobles Camargo sostuvo que la resolución del magistrado Fernando Cruz Castro también suspende el debate del presupuesto.
«Lo que sí es claro es que reglamentariamente el 29 de noviembre tiene que estar votado en segundo debate, independientemente de si la Sala resuelve o no resuelve algo»
