La Sala Constitucional ordenó a los diputados abstenerse de aprobar en segundo debate el presupuesto nacional 2027 antes del 29 de noviembre.
La medida cautelar respondió a una consulta presentada por la Corte Suprema de Justicia, que advirtió sobre el impacto de las restricciones presupuestarias en sus recursos.
El tribunal señaló que la Asamblea Legislativa atrasó el envío del expediente necesario para estudiar la consulta.
La Corte Suprema de Justicia sostuvo que las restricciones sobre ¢29.843,8 millones de sus recursos pondrían en riesgo servicios judiciales y más de 2.400 empleos.
La decisión de la Sala Constitucional fue de carácter cautelar: el tribunal todavía no resolvió si las normas cuestionadas resultaron inconstitucionales.
La orden mantiene frenada la aprobación definitiva del presupuesto mientras se completa el análisis de fondo.
