La Corte Plena declaró inconstitucional el proyecto de ley que buscaba equiparar las pensiones del Poder Judicial con las del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La decisión, adoptada por unanimidad con la abstención de los integrantes de la Sala Constitucional, obliga a que la iniciativa requiera al menos 38 votos para su aprobación definitiva en la Asamblea Legislativa.
El magistrado Porfirio Sánchez, ponente del informe acogido por la Corte Plena, advirtió que la iniciativa presentada durante la administración de Rodrigo Chaves Robles (2022-2026) afecta sustancialmente el funcionamiento y la organización del Poder Judicial.
«Primero, debo advertir que me parece que es inconstitucional y, segundo, sin duda afecta sustancialmente el funcionamiento y la organización del Poder Judicial»
El proyecto correspondiente al expediente 24.786 proponía un tope de ₡1,8 millones, similar al que rige para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, el promedio de las pensiones judiciales es de ₡2,2 millones, según los datos expuestos por el magistrado Sánchez.
Diferencias contributivas entre regímenes
El informe señaló que los funcionarios del Poder Judicial cotizan mensualmente un 13%, mientras que los afiliados al IVM aportan un 4,33%.
Esa diferencia, según el ponente, violenta el principio de igualdad establecido en el artículo 33 constitucional.
«Este proyecto violenta un principio de igualdad, sustentado en el 33 constitucional, porque da un trato idéntico para todos los regímenes de prevención, sin tomar en consideración que la cotización del Poder Judicial es cuatro veces más que en el de Invalidez, Vejez y Muerte»
El magistrado también cuestionó que el plan de ley utilice un estudio actuarial desactualizado y no considere las diferencias significativas entre regímenes.
La aplicación del tope podría producir una deducción aproximada del 60%, aun cuando la Sala Constitucional ya había establecido un límite del 50%.
Contradicciones normativas detectadas
El informe advirtió sobre una «antinomia normativa» en el texto consultado, es decir, contradicciones internas en la propuesta.
Mientras el proyecto establece que el nuevo límite lo fijará la Junta Directiva de la Caja, se mantiene vigente el numeral 230 de la Ley de Pensiones del Poder Judicial.
Ese artículo fija un límite de 10 veces el salario más bajo pagado en el Poder Judicial, lo que genera dos formas de calcular el tope que pueden resultar incompatibles entre sí.
«Toda restricción que se establece en este proyecto genera grandes debilidades por cuanto no pondera estas diferencias contributivas, no demuestra por qué esas reformas anteriores resultan insuficientes, el estudio actual no lo advierte»
El magistrado agregó que en la redacción actual se eliminaron los requisitos para acceder a la pensión.
