Óscar Izquierdo Sandí presentó una demanda contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para intentar anular los actos administrativos que pusieron fin a su relación laboral con la institución.
La plaza que ocupaba Izquierdo fue eliminada mientras ejercía como diputado del Partido Liberación Nacional durante el periodo legislativo 2022-2026.
Izquierdo se desempeñó como director de Cooperación y Asuntos Internacionales del AyA. En la acción judicial sostiene que la institución eliminó su puesto, pero mantuvo las funciones que realizaba dentro de una nueva estructura organizativa.
Además, argumenta que el AyA no justificó por qué debía desaparecer específicamente esa plaza, que no acreditó haber evaluado una eventual reubicación y que se vulneró su derecho al debido proceso antes de ejecutar la decisión.
El exlegislador también sostiene que no tuvo la oportunidad de explicar la importancia de las funciones asociadas al puesto antes de que se tomara la decisión administrativa.
En febrero de este año, cuando aún era diputado, Izquierdo cuestionó públicamente la decisión del AyA y afirmó que se trataba de una persecución política.
“Quiero denunciar públicamente la persecución política más atroz que he visto desde que tengo memoria. Este gobierno, corrupto, ha decidido perseguirme hasta despedirme el día de hoy sin argumentos”, manifestó en ese momento.
Izquierdo agregó que, según su criterio, la decisión se tomó pese a que la Dirección Jurídica del AyA había señalado que no correspondía realizar el despido.
“A pesar de que la Dirección Jurídica del AyA les dijo que no lo podían hacer, lo hizo. No había un solo criterio técnico y fue en contra del criterio jurídico”, declaró.
Con la demanda presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Izquierdo solicita que se declaren nulos los actos administrativos que dieron origen a su salida, que se restablezcan sus derechos y que se determine una eventual responsabilidad patrimonial del AyA.
Ahora será el Tribunal Contencioso Administrativo el encargado de analizar si la reorganización aplicada por la institución se ajustó al ordenamiento jurídico o si, como sostiene Izquierdo, la decisión que afectó su puesto careció de la debida fundamentación.
