El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, formalizó una protesta ante la Corte Suprema de Justicia por la alerta migratoria que la Fiscalía General de la República ordenó contra Pilar Cisneros Gallo, funcionaria ad honorem destacada en Casa Presidencial.
La medida, según el jerarca, se emitió con el único propósito de notificarla dentro de un proceso penal.
En el oficio MJP-DM-822-2026, dirigido al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Catalino Orlando Aguirre Gómez, el ministro calificó la actuación como «abusiva y desproporcionada».
El documento fue firmado digitalmente el 3 de setiembre de 2026.
Cuestionamientos a la Fiscalía General de la República
Gabriel Aguilar Vargas señaló que la alerta migratoria fue ordenada por la fiscal adjunta Edith Morera Rodríguez, bajo la dirección del fiscal general Carlo Israel Díaz Sánchez.
El ministro consideró particularmente grave que se recurriera a ese mecanismo para un acto procesal tan común como una notificación.
«Son de conocimiento público tanto el lugar de trabajo como el domicilio de la señora Cisneros Gallo»
Además, cuestionó que el proceso penal sea tramitado directamente por la Fiscalía General de la República, cuando Pilar Cisneros Gallo no es miembro de un Supremo Poder.
Solicitud de investigación ante órganos judiciales
El ministro de Justicia y Paz pidió que los hechos sean puestos en conocimiento de la Inspección Judicial, la Corte Plena y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
La solicitud busca que se investigue tanto la actuación de Edith Morera Rodríguez como la del fiscal general Carlo Israel Díaz Sánchez en cuanto a su deber de vigilancia.
Gabriel Aguilar Vargas fundamentó su petición en el artículo 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz, que establece como función de esa cartera servir de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Señalamientos por manifestaciones políticas del fiscal general
El jerarca también hizo referencia a las «reiteradas manifestaciones públicas de contenido político» que, según sostuvo, ha realizado Carlo Israel Díaz Sánchez contra el Poder Ejecutivo.
En el oficio, Gabriel Aguilar Vargas instó al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia a girar las instrucciones necesarias para determinar si se trata de actuaciones estrictamente jurídicas y objetivas.
«O ante un constante uso político del Ministerio Público»
La protesta formal quedó registrada con la firma digital de Gabriel Arturo Aguilar Vargas, con fecha del 3 de setiembre de 2026 a las 18:09 horas.
