El exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, se pronunció este 3 de septiembre sobre la sentencia dictada contra la activista Yendry Quirós, conocida como La Colocha.
El tribunal declaró culpable a Quirós del delito de amenazas contra funcionario público por expresiones pronunciadas en 2023 frente a la Asamblea Legislativa.
Robles Barrantes afirmó que no celebra este tipo de resoluciones judiciales. Sin embargo, manifestó su expectativa de que el caso genere un cambio en la forma en que se ejerce la crítica política.
«Espero que esto marque un precedente contra las amenazas en la política»
La sentencia, dictada el 2 de septiembre, impuso a Quirós un mes de prisión con el beneficio de ejecución condicional de la pena. Esto significa que no deberá ingresar a un centro penitenciario.
La Fiscalía había solicitado una pena de tres meses de prisión. El tribunal finalmente redujo la sanción a un tercio de lo pedido por el Ministerio Público.
El origen del caso contra Yendry Quirós
Las expresiones que motivaron la condena fueron pronunciadas en 2023 frente a la Asamblea Legislativa. Entre ellas se incluyó la frase de «sacarle el sirope de la nariz».
El caso se tramitó bajo el delito de amenazas contra funcionario público, una figura penal que protege a quienes ejercen cargos en instituciones del Estado.
La activista Yendry Quirós ha mantenido una presencia activa en redes sociales y en manifestaciones públicas. Su condena generó reacciones en distintos sectores políticos y ciudadanos.
Reacción de Ariel Robles Barrantes
El exdiputado Ariel Robles Barrantes evitó celebrar la resolución judicial. En su criterio, el valor del fallo radica en la posibilidad de establecer límites claros en el discurso político.
Robles Barrantes fue diputado por el Frente Amplio y posteriormente candidato presidencial de esa agrupación. Su pronunciamiento se suma al debate sobre los límites entre la crítica y la amenaza.
La sentencia contra Quirós quedó en firme con la ejecución condicional de la pena. La activista deberá cumplir condiciones establecidas por el tribunal durante el periodo de un mes.
