El Gobierno de la República rechazó la entrega de información relacionada con las pruebas de polígrafo aplicadas a funcionarios vinculados a la llamada “Fuerza Élite”, alegando razones de seguridad nacional.
La respuesta fue emitida mediante una ampliación oficial firmada por Alexander Astorga Monge, director de despacho de la Presidencia de la República de Costa Rica, en atención a una solicitud planteada por el defensor de derechos humanos Janekeith Orliden Durán Barberena.
En el documento, que está en poder de este medio, se confirma que las pruebas no fueron realizadas con equipos del Estado, sino mediante la empresa privada International Polygraph Studies Center (IPSC), en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
No obstante, el Gobierno reiteró que no revelará quiénes aplicaron las pruebas ni los lugares donde se realizaron. “Quienes las aplicaron y el lugar donde han sido realizadas se considera información confidencial”, indica la respuesta oficial.
Asimismo, se negó el acceso a contratos, convenios, montos pagados y documentación de la eventual contratación, bajo el argumento de que su divulgación podría ser utilizada por organizaciones criminales para coaccionar o poner en riesgo a personas e instituciones.
En cuanto a los resultados, el Ejecutivo también rechazó entregar informes, preguntas y respuestas de las pruebas realizadas a funcionarios como Michael Soto, Gabriel Aguilar, Arnold Zamora y Pablo Martínez.
“Las interrogantes concretas y sus resultados no pueden ser suministrados debido a que al divulgarse, las organizaciones criminales podrían poner en peligro la seguridad nacional”, señala el oficio.
Sobre la ausencia de un decreto que declare esta información como secreto de Estado, el Gobierno indicó que no existe obligación legal de hacerlo mediante esa figura, y que la confidencialidad se respalda en la Ley General de Policía y otras normativas relacionadas con seguridad e inteligencia.
El caso reaviva el debate sobre los límites entre la seguridad nacional y el derecho de acceso a la información pública, especialmente cuando se trata de actuaciones que involucran a altos jerarcas del Estado.
