El proceso de nombramiento de magistrados suplentes en Costa Rica enfrenta un bloqueo legislativo que, según la magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, carece de sustento técnico. La falta de criterios objetivos por parte de los diputados, afirmó, está generando una parálisis que afecta directamente la resolución de recursos de amparo y otros trámites en la Sala Constitucional.
Solano explicó que quienes deben ocupar esas suplencias son jueces técnicos, y que el Poder Judicial realiza un filtro exhaustivo para seleccionarlos. La convocatoria es pública, se analizan perfiles académicos y trayectoria profesional, se realizan entrevistas grabadas y se investigan antecedentes personales y judiciales. “Los magistrados suplentes somos jueces técnicos sobre cualquier otra cosa, y bajo ese criterio es que evaluamos”, enfatizó.
La magistrada cuestionó que el oficialismo haya devuelto las ternas en varias ocasiones con argumentos como “no conocemos a las personas” o que las evaluaciones son “subjetivas”. Recordó que la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa tiene la facultad de entrevistar nuevamente a los candidatos antes de decidir, por lo que no hay justificación para el estancamiento.
Lea también: Esteban Aguilar, hermano del ministro Gabriel Aguilar, buscará ser fiscal general de la Repúblicap>Sobre el modelo de elección y la duración de los magistrados, la alta jueza explicó que Costa Rica aplica un sistema mixto: el nombramiento inicial es por ocho años y, al cumplirse el plazo, el magistrado que desee continuar se somete a una reelección en la Asamblea Legislativa, donde se requiere mayoría calificada para impedirla.
Para Solano, independientemente del plazo, los magistrados deben contar con periodos largos para garantizar seguridad jurídica, coherencia jurisprudencial y previsibilidad en las decisiones de cada sala.
