La presidenta Laura Fernández Delgado y el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, negaron que el Gobierno de Costa Rica haya adquirido, esté tramitando o planee comprar el software de espionaje Pegasus.
La declaración surge en medio de la polémica por el decreto que declaró como secreto de Estado información relacionada con seguridad nacional.
Diputados de oposición han encendido las alarmas ante la posibilidad de que el Ejecutivo utilice esa herramienta de vigilancia contra críticos del Gobierno.
«No pienso nunca traer otra UPAD a Costa Rica», sentenció Laura Fernández Delgado, presidenta de la República.
La mandataria hizo referencia a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), creada durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada y que generó un fuerte rechazo social por el manejo de datos personales.
Fernández Delgado afirmó que, aun teniendo los recursos y la posibilidad de adquirir Pegasus, no lo haría.
Rodrigo Chaves califica de “caballos” a quienes señalan compra de Pegasus
Rodrigo Chaves Robles, ministro de la Presidencia y Hacienda, calificó de «caballos» y «equinos» a quienes sostienen que el Gobierno estaría gestionando la contratación de Pegasus.
El jerarca argumentó que el costo del sistema sería demasiado elevado para la realidad fiscal de Costa Rica.
Chaves Robles, quien fue presidente de la República entre 2022 y 2026, insistió en que no existe ninguna gestión oficial para adquirir esa tecnología.
Las declaraciones de ambos jerarcas se dan en un contexto de tensión política por el decreto de secreto de Estado en materia de seguridad nacional.
Reacción de la oposición ante posible uso de espionaje
Diputados de distintas fracciones han cuestionado la falta de transparencia del Ejecutivo en temas de vigilancia y manejo de información sensible.
La oposición advierte que la adquisición de Pegasus podría utilizarse para espiar a adversarios políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.
Pegasus es un software desarrollado por la empresa israelí NSO Group, capaz de infiltrarse en teléfonos móviles y extraer datos sin dejar rastro.
Su uso ha sido documentado en varios países contra periodistas, activistas y políticos, lo que ha generado condenas internacionales.
El Gobierno, por su parte, insiste en que no hay ningún plan de compra y que las acusaciones carecen de sustento.
La presidenta Laura Fernández Delgado reiteró que su administración no repetirá modelos de vigilancia como el de la UPAD, que fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional en 2020.
