El expresidente Rodrigo Chaves Robles presentó este miércoles una querella penal contra la exministra de Comunicación Patricia Navarro Molina por el presunto delito de captación indebida de manifestaciones verbales.
La gestión ingresó ante la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José, dentro del expediente 23-000759-0619-PE.
Junto con la querella penal, Rodrigo Chaves Robles interpuso una acción civil resarcitoria contra Patricia Navarro Molina y La Nación S.A.
Con esa acción busca que se determine una eventual responsabilidad por los daños que asegura haber sufrido y el pago de una indemnización económica.
Los documentos fueron recibidos por el Ministerio Público este 30 de setiembre.
Donación a la Asociación Obras del Espíritu Santo
Rodrigo Chaves Robles indicó en la documentación presentada que cualquier suma que eventualmente reciba como indemnización será donada en su totalidad.
El destino señalado es la Asociación Obras del Espíritu Santo, dirigida por el padre Sergio Valverde.
Antecedentes del caso por grabaciones en Casa Presidencial
El caso tiene como antecedente las grabaciones realizadas por Patricia Navarro Molina cuando formaba parte del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
En 2024, el Ministerio Público confirmó que el expediente estaba relacionado con audios grabados en Casa Presidencial y posteriormente compartidos con el diario La Nación.
Parte de esas grabaciones abordaba asuntos vinculados con la contratación del productor Christian Bulgarelli mediante recursos aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Cuestionamiento a solicitud de sobreseimiento
La querella se presentó en momentos en que una fiscal adjunta había planteado una solicitud de sobreseimiento dentro del proceso.
La representación de Rodrigo Chaves Robles cuestiona esa solicitud como parte de la nueva gestión.
La presentación de una querella y de una acción civil no implica una declaración de culpabilidad ni de responsabilidad.
Corresponderá a las autoridades judiciales tramitar el expediente y determinar, conforme al proceso correspondiente, si las pretensiones planteadas tienen fundamento.
