Los muertos por la ofensiva rusa en Mariúpol podrían llegar a 100.000, según una estimación del Kharkiv Human Rights Protection Group (KHPG), organización ucraniana de derechos humanos que presentó ante la Corte Penal Internacional una comunicación sobre actos que considera constitutivos de genocidio. La magnitud planteada por sus investigadores sitúa a esta ciudad portuaria entre los escenarios más devastadores de la invasión rusa de Ucrania.
Detrás de esa cifra hay familias atrapadas bajo bombardeos, pacientes de hospitales atacados, personas que buscaron refugio en un teatro y vecinos obligados a enterrar a sus muertos en patios y jardines. Mariúpol no fue solamente un frente militar: fue una ciudad habitada que perdió servicios esenciales mientras sus barrios eran destruidos.
Para el público costarricense, conocer lo ocurrido implica mirar más allá de los mapas de la guerra y de las declaraciones de sus gobernantes. Las investigaciones de Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional describen daños concretos a civiles y responsabilidades que no desaparecen porque el conflicto se prolongue o deje de ocupar los titulares.
La estimación de hasta 100.000 posibles fallecidos fue presentada públicamente en 2023 dentro de la iniciativa Tribunal for Putin (T4P). El KHPG fundamentó su comunicación tanto en documentación de ataques como en una reconstrucción indirecta del destino de la población. T4P publicó la presentación y las explicaciones de sus autores.
Mariúpol: una ciudad cercada por las fuerzas rusas
Los ataques comenzaron el 24 de febrero de 2022, con la invasión rusa a gran escala. Para el 1 de marzo, Mariúpol estaba rodeada. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre Ucrania sitúa el final del asedio el 20 de mayo, cuando Rusia anunció la toma completa de la ciudad, tras la resistencia ucraniana que terminó concentrada en la planta siderúrgica de Azovstal.
La Comisión entrevistó a 50 mujeres y 33 hombres que sobrevivieron al asedio. El análisis de imágenes satelitales identificó 15.555 estructuras afectadas: 831 destruidas, 5.877 gravemente dañadas y 8.847 con daños moderados. La ONU advirtió que la destrucción real probablemente era mayor que la detectada. El informe A/HRC/55/66 recoge la cronología y los testimonios.
Los edificios dañados no eran una abstracción estadística. Incluían espacios donde las personas vivían, se protegían y buscaban asistencia. Un hogar destruido significaba también la pérdida de abrigo, de pertenencias y de un lugar al cual regresar; un centro médico inutilizado reducía las posibilidades de sobrevivir a heridas o enfermedades.
Hambre, frío y agua bajo el fuego
El 13 de marzo de 2022, mientras continuaban los ataques, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó sobre carencias extremas de alimentos, agua y medicamentos. Su propio personal se encontraba entre quienes se refugiaban en sótanos sin calefacción y arriesgaban la vida al salir para buscar suministros.
El organismo describió cuerpos de civiles y combatientes bajo los escombros o en lugares abiertos, así como lesiones y enfermedades que no podían tratarse. No se trataba de una advertencia formulada años después: era un reporte humanitario emitido en medio del asedio. El comunicado del CICR pedía una solución urgente para salvar vidas.
Salir tampoco estaba garantizado. El 6 de marzo, la Cruz Roja informó que un segundo intento de evacuar a la población había quedado detenido. Reclamó acuerdos operativos y garantías de seguridad para que las personas pudieran abandonar la ciudad. La organización documentó el fracaso de esos intentos de evacuación.
Para las familias atrapadas, la amenaza no se reducía a una bomba o a un proyectil. También estaba en quedarse sin agua, sin medicamentos o sin atención médica. La supervivencia cotidiana dependía de recursos que una ciudad cercada y sometida a ataques ya no podía asegurar.
El hospital materno-infantil alcanzado por una bomba
El 9 de marzo de 2022, una bomba aérea cayó en el recinto del Hospital Número 3 de Mariúpol y dañó sus unidades de maternidad y pediatría. El informe de Human Rights Watch reconstruyó el ataque y documentó las consecuencias para pacientes y personal.
Entre las víctimas estaba Iryna Kalinina, una mujer embarazada que fue evacuada gravemente herida y murió ese día. Su bebé, extraído mediante una cesárea, nació sin vida. Es una de las historias individuales documentadas que permiten comprender el alcance humano del ataque. La investigación recoge su caso en el apartado dedicado al Hospital Número 3.
El análisis satelital mostró un cráter en el patio y daños en las fachadas de las unidades médicas. Según el informe, la destrucción impidió seguir utilizando las áreas de maternidad y pediatría. El ataque golpeó, por tanto, tanto a quienes estaban allí como a la capacidad de atender a otras personas durante la emergencia.
La historia de una madre y su bebé no reemplaza la dimensión de miles de víctimas. La hace visible. Frente a un relato de la guerra reducido a avances territoriales, recuerda que quienes sufrían los ataques también eran personas que esperaban dar a luz, recuperarse o recibir ayuda.
“NIÑOS”: la advertencia que no protegió al teatro
El 16 de marzo de 2022, el Teatro Dramático de Mariúpol fue alcanzado cuando servía de refugio a civiles. En el exterior se había escrito “ДЕТИ”, “NIÑOS” en ruso, con letras de gran tamaño visibles desde el aire. Era una advertencia sobre las personas que estaban dentro del edificio.
Amnistía Internacional investigó el ataque mediante 53 testimonios de supervivientes y testigos, imágenes satelitales, datos de radar, fotografías, videos y planos. Concluyó que casi con certeza lo ejecutaron aeronaves rusas y que las armas más probables fueron dos bombas de aproximadamente 500 kilogramos cada una.
La organización calificó el bombardeo como un crimen de guerra cometido por las fuerzas rusas. Su análisis consideró que probablemente se había dirigido deliberadamente contra el teatro, pese a que se sabía que albergaba civiles. Amnistía publicó sus conclusiones el 30 de junio de 2022.
Rusia atribuyó la destrucción a fuerzas ucranianas. Amnistía examinó explicaciones alternativas y las contrastó con la evidencia antes de concluir que el ataque aéreo ruso era la explicación respaldada por su investigación. Su conclusión no se basó únicamente en una declaración oficial ucraniana.
El teatro expresa una dimensión central de Mariúpol: las personas se trasladaban a lugares que consideraban más seguros y aun allí quedaban expuestas. La palabra “NIÑOS” no era un objetivo militar ni una provocación; señalaba la presencia de población que necesitaba protección.
Hospitales, refugios y sitios de ayuda entre los objetivos alcanzados
La investigación conjunta de Human Rights Watch, Truth Hounds y SITU Research, publicada el 8 de febrero de 2024, reunió 240 entrevistas, más de 850 fotografías y videos, documentos e imágenes satelitales. Su trabajo reconstruyó lo ocurrido en la ciudad mediante distintas clases de evidencia.
Las organizaciones examinaron en detalle 14 ataques que dañaron o destruyeron 18 edificios. Entre los lugares alcanzados había dos hospitales, el teatro, un depósito de alimentos, un punto de distribución de ayuda, un supermercado y edificios residenciales utilizados como refugios.
En esos ataques encontraron ausencia de evidencia de presencia militar ucraniana o una presencia menor, y los consideraron aparentemente ilegales. La investigación también planteó la necesidad de examinar la responsabilidad de mandos por las acciones de sus subordinados. El resumen de los hallazgos explica los ataques estudiados y las responsabilidades señaladas.
Ese conjunto de episodios importa porque muestra que la afectación de civiles no se limita a un único edificio emblemático. La destrucción alcanzó lugares vinculados con varias necesidades de supervivencia: atención médica, comida, asistencia y abrigo.
Hasta 100.000 muertos: la estimación llevada ante la CPI
El KHPG planteó que hasta 100.000 civiles pudieron morir en Mariúpol. Uno de los autores, Mykhailo Romanov, explicó que se utilizó un método indirecto: reconstruir la población inicial y contrastarla con datos de personas que permanecían en la ciudad, habían sido evacuadas o trasladadas.
La cifra es una estimación demográfica, no un registro de 100.000 víctimas identificadas. El documento reconoce información incompleta sobre quienes salieron en los primeros días de la invasión o por otras rutas. Esa precisión describe el alcance del cálculo de sus autores. La comunicación original permite consultar la estimación y su metodología.
El problema humanitario que sustenta la investigación es más amplio que una cifra: personas muertas bajo edificios, familias sin información sobre sus seres queridos y entierros realizados mientras continuaban los combates. Reconstruir esos destinos forma parte de la búsqueda de verdad y de justicia.
Los cementerios muestran miles de muertes adicionales
El análisis de cinco cementerios de Mariúpol y sus alrededores estimó al menos 10.284 entierros entre marzo de 2022 y febrero de 2023. Tras descontar unas 2.250 muertes esperables por causas naturales, Human Rights Watch, Truth Hounds y SITU Research calcularon 8.034 fallecimientos por encima de esa mortalidad de referencia.
Los investigadores advirtieron que el resultado probablemente subestima las pérdidas: algunas tumbas podrían contener más de un cuerpo y otras víctimas no llegaron a los cementerios estudiados. No pudieron separar a todos los civiles de los combatientes. El estudio de los entierros explica ese alcance.
Los entierros observados no representan un límite máximo de víctimas. Constituyen evidencia sobre una parte de la mortalidad que pudo estudiarse. La existencia de tumbas improvisadas y de cuerpos sin recuperar ayuda a entender por qué el impacto humano del asedio supera lo que un solo registro puede mostrar.
En 2026, denuncian la destrucción de una zona de entierros en Manhush
El destino de los lugares de enterramiento sigue siendo parte de la historia de Mariúpol. El 21 de abril de 2026, el Ayuntamiento ucraniano de la ciudad denunció que las autoridades de ocupación rusas habían destruido una zona de sepulturas colectivas en Manhush, cerca de Mariúpol, donde fueron enterradas víctimas del asedio de 2022. UNITED24 Media recogió la denuncia en una nota publicada ese día y actualizada el 22 de abril.
Según el reporte municipal reproducido por el medio público ucraniano Suspilne, una comparación de imágenes satelitales de 2022 a 2026 muestra que el terreno de las primeras fosas estaba siendo acondicionado como zona de apoyo para la reparación de una carretera. La publicación del Ayuntamiento es la fuente de esa denuncia.
UNITED24 también recogió la acusación municipal de que estas intervenciones buscan borrar evidencias del asedio. Esa finalidad se atribuye a las autoridades ucranianas, no a una conclusión judicial sobre el lugar. El episodio añade un problema a la búsqueda de las familias: preservar las zonas donde fueron enterradas las víctimas y reconstruir qué ocurrió con sus restos. Se trata de una denuncia difundida en abril de 2026 sobre sepulturas de 2022, no de un nuevo conteo de fallecidos.
La denuncia de genocidio contra las acciones rusas
La comunicación del KHPG no se limita a denunciar bombardeos. Sus autores sostienen que lo ocurrido reúne elementos de genocidio contra la población ucraniana de Mariúpol, mediante asesinatos, condiciones de vida encaminadas a su destrucción y traslado de niños.
La iniciativa T4P presentó públicamente la comunicación en agosto de 2023 para promover una investigación penal internacional. Se trata de una acusación jurídica formulada por organizaciones de derechos humanos, no de una sentencia de la CPI. La presentación identifica los actos que sus autores consideran genocidas.
La Convención sobre Genocidio protege a grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos frente a actos cometidos con intención de destruirlos total o parcialmente. Entre esos actos contempla matar a sus miembros, imponer condiciones destinadas a su destrucción física y trasladar por la fuerza a sus niños. El texto de la Convención recoge esa definición.
El reclamo de los investigadores es que se examinen los hechos como un patrón de acciones contra la población, y no únicamente como una suma de daños materiales. El propósito de la comunicación es establecer responsabilidades por lo que les ocurrió a las personas y por las condiciones a las cuales fueron sometidas.
Putin y la deportación de niños ucranianos
La búsqueda de responsabilidades por los crímenes rusos en Ucrania también llegó a su cúpula política. El 17 de marzo de 2023, la CPI emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para los derechos del niño, por presuntos crímenes de guerra de deportación y traslado ilegal de niños.
La Fiscalía señaló que los hechos investigados incluían al menos cientos de menores sacados de orfanatos y centros de atención, y alegó que muchos habían sido entregados en adopción en Rusia. Las órdenes se refieren a hechos en territorios ocupados de Ucrania, no exclusivamente a Mariúpol. El comunicado de la Fiscalía detalla las imputaciones.
En 2024, la Corte emitió además órdenes contra altos mandos rusos por presuntos ataques contra infraestructura eléctrica ucraniana: Sergei Kobylash, Viktor Sokolov, Sergei Shoigu y Valery Gerasimov. Las imputaciones incluyen ataques contra bienes civiles y daños excesivos a civiles. Son órdenes de arresto, no condenas tras un juicio. La CPI enumera esas decisiones en su información sobre Ucrania.
Estos procedimientos sitúan la discusión sobre la guerra en un terreno concreto: investigar decisiones, identificar responsables y examinar conductas ante tribunales. La condición de gobernante o de alto mando no vuelve irrelevante el daño sufrido por civiles.
Una sentencia europea estableció responsabilidad de Rusia
El 9 de julio de 2025, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en Ukraine and the Netherlands v. Russia y encontró múltiples violaciones de la Convención Europea en el contexto de la guerra.
El fallo abordó específicamente los asedios de Mariúpol, Izium y Cherníhiv. Estableció que Rusia incumplió obligaciones de proteger las vidas y el bienestar de civiles, incluidas garantías de agua, alimentos, calefacción, asistencia médica y corredores humanitarios seguros. El resumen jurídico oficial recoge esas conclusiones.
La decisión se refiere a responsabilidad estatal por violaciones de derechos humanos. Su relevancia para Mariúpol es directa: el tribunal examinó la protección de las personas bajo asedio y concluyó que Rusia había incumplido obligaciones fundamentales. El daño a los civiles no quedó reducido a una disputa de declaraciones políticas.
Por qué Mariúpol también debe conocerse en Costa Rica
La distancia geográfica no convierte el sufrimiento de Mariúpol en un asunto menor. Comprender lo ocurrido permite reconocer qué significan, en la vida de personas concretas, expresiones como asedio, ataque contra un hospital, deportación de niños o denuncia de genocidio.
La atención a víctimas de una guerra no exige apartar la mirada de las víctimas de otra. Los civiles de Ucrania merecen ser conocidos y protegidos por la misma razón que los civiles de cualquier otro lugar: su vida no puede tratarse como un recurso disponible para alcanzar objetivos militares o políticos.
Mariúpol reúne hechos que necesitan memoria: un hospital materno-infantil inutilizado, una madre y su bebé muertos, un teatro destruido pese a la advertencia de que había niños, barrios arrasados y miles de entierros. La denuncia de hasta 100.000 posibles fallecidos plantea una dimensión aún mayor de esa tragedia.
Informar sobre los crímenes documentados de las fuerzas rusas es también reconocer a quienes los sufrieron y dar a conocer los esfuerzos para exigir responsabilidades. Las víctimas no dejan de importar cuando una ciudad cae ni cuando la cobertura internacional se concentra en otros acontecimientos.
Los reportes de Mariúpol que siguen circulando en X
En una de las publicaciones enlazadas, la periodista Anastasia Lapatina difundió una imagen presentada como cuerpos de víctimas en un supermercado de Mariúpol y denunció que no había capacidad suficiente para enterrarlos. En la otra, la cuenta @CrimeanVoyager compartió un video presentado como material de archivo sobre entierros, reclamó justicia y mencionó más de 100.000 vidas perdidas.
Las capturas siguientes fueron aportadas a la redacción y permiten consultar lo que esas cuentas publicaron cuando la incrustación de X no está disponible. No constituyen una verificación independiente de las imágenes ni del número de fallecidos. La estimación incluida en esta nota se atribuye a la investigación del KHPG, enlazada en el apartado correspondiente.
Advertencia de contenido sensible: las capturas muestran personas fallecidas y entierros. Se mantienen ocultas inicialmente para que cada lector decida si desea verlas.
Ver captura del reporte de Anastasia Lapatina: contiene cuerpos de personas fallecidas
Ver captura de la publicación de @CrimeanVoyager: contiene imágenes de entierros
Nota elaborada mediante revisión documental de KHPG/T4P, Naciones Unidas, CICR, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Truth Hounds, SITU Research, CPI y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las fechas corresponden a los acontecimientos y a las investigaciones citadas. Fotografías de archivo con créditos, fuentes y licencias de reutilización. Las capturas de X fueron aportadas a la redacción y tienen sus créditos y enlaces específicos.
Fotografía de portada: edificio residencial de Mariúpol tras los ataques, 23 de marzo de 2022. Wanderer777, vía Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0. Formato y resolución adaptados para la web; sin recorte editorial.
