La Fiscalía General de la República abrió una causa penal contra el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, por el presunto delito de tráfico de influencias.
La investigación se tramita bajo el expediente 26-000116-0033-PE y se originó a partir de informaciones divulgadas públicamente y de una denuncia recibida por la Fiscalía General.
El Ministerio Público confirmó la apertura de la causa este lunes, aunque declinó proporcionar detalles sobre las diligencias realizadas.
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Rodrigo Chaves acusa al Poder Judicial de “guerra contra la democracia” por recortes al presupuesto 2027Ver más de esta secciónLa negativa se amparó en el artículo 295 del Código Procesal Penal, que establece el carácter privado de la etapa preparatoria para terceros.
Condicionamiento de inversiones públicas en Turrúcares
El caso se remonta a un conversatorio realizado el 4 de noviembre en el Liceo de Turrúcares de Alajuela, donde Rodrigo Chaves Robles encabezó una actividad con ministros, jerarcas institucionales y miembros del Concejo Municipal.
Durante el encuentro, el Gobierno ofreció atender necesidades de infraestructura vial, educación, atención infantil y espacios deportivos.
Sin embargo, Rodrigo Chaves Robles condicionó esas inversiones a que la Municipalidad de Alajuela retirara los procesos de lesividad contra los certificados de uso de suelo otorgados para construir un relleno sanitario en la finca Bajo Pita.
El condicionamiento quedó en evidencia cuando el ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, anunció que enviaría personal a valorar un terreno para un colegio técnico.
«No inicie esa gestión mientras la Municipalidad mantenga sus acciones judiciales contra el proyecto de EBI», ordenó Rodrigo Chaves Robles al jerarca de Educación.
El ministro también se mostró dispuesto a suscribir un documento con los compromisos gubernamentales, pero insistió en que el gobierno local debía adoptar primero las decisiones que permitieran avanzar con el proyecto de disposición de residuos.
Arbitraje internacional y presión económica
Rodrigo Chaves Robles impuso además un límite temporal a su ofrecimiento: advirtió que el Gobierno retiraría las propuestas de inversión cuando tuviera que desembolsar recursos para contratar la defensa jurídica de Costa Rica en un arbitraje internacional.
El jerarca estimó ese desembolso en aproximadamente ₡2000 millones y señaló que debía efectuarse antes del 2 de diciembre.
La controversia por el relleno sanitario se remonta a los certificados de uso de suelo otorgados en 2011, que la Municipalidad de Alajuela buscó anular por considerar que contravenían el plan regulador del cantón.
El conflicto adquirió dimensión internacional cuando inversionistas vinculados con la empresa canadiense Berthier EBI y la sociedad Bajo Pita S. A. promovieron un arbitraje contra Costa Rica ante el Ciadi.
Durante el conversatorio, Rodrigo Chaves Robles sostuvo que el Estado enfrenta un riesgo económico de hasta $150 millones y argumentó que las actuaciones judiciales de la Municipalidad debilitan la posición del país ante el tribunal arbitral.
Rechazo de la oposición y del Concejo Municipal
El presidente del Concejo Municipal de Alajuela, Jorge Arturo Campos Araya, calificó el ofrecimiento gubernamental como un «trueque» y sostuvo que los habitantes de Turrúcares debían participar en la decisión.
Rodrigo Chaves Robles rechazó someter el asunto a consulta popular e insistió en que correspondía a los 11 regidores adoptar la decisión.
Un día después del conversatorio, diputados de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Frente Amplio acusaron al ministro de recurrir al chantaje para conseguir que la Municipalidad desistiera de sus acciones judiciales.
El 9 de noviembre, las fracciones de oposición impulsaron una moción para que la Asamblea Legislativa condenara las declaraciones y actuaciones de Rodrigo Chaves Robles y de los demás jerarcas presentes en el conversatorio.
Los 31 diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano votaron en contra de la moción, mientras que los 24 legisladores de oposición presentes respaldaron la propuesta, que finalmente quedó rechazada.
Delito de tráfico de influencias
El delito de tráfico de influencias está tipificado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, con una pena ordinaria de dos a cinco años de prisión.
La norma sanciona a quien, aprovechándose de su cargo o de una relación de poder, influya sobre un servidor público para que realice, retrase u omita una actuación propia de sus funciones.
La configuración del delito no exige que el eventual beneficio indebido sea exclusivamente para quien ejerce la influencia, pues la legislación también contempla los casos en que se favorece a terceros.






