El ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, acusó al Poder Judicial de estar “en pie de guerra contra la democracia” por oponerse a los recortes presupuestarios del Presupuesto Nacional 2027.
Las declaraciones se dieron este miércoles 11 de noviembre durante la conferencia de prensa del Ejecutivo, junto a la presidenta Laura Fernández Delgado.
«El Poder Judicial está en pie de guerra contra la democracia, la separación de poderes, la responsabilidad fiscal y quiere sustituir a quienes fueron electos por el pueblo, incluyendo la Asamblea Legislativa y parte del Gobierno, con magistrados electos por las diputaciones de hace 40 años»
El jerarca rechazó las resoluciones de la Sala Constitucional que suspendieron la discusión y votación del Presupuesto Nacional 2027.
El lunes 9 de noviembre, el magistrado Fernando Cruz ordenó frenar la votación en segundo debate tras una solicitud de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas.
Posteriormente, la magistrada Ingrid Hess dictó otra medida cautelar relacionada con una consulta de las fracciones de Liberación Nacional y Frente Amplio sobre los recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Rodrigo Chaves cuestiona advertencia sobre morgue judicial
El Poder Judicial señaló que la construcción de la nueva morgue judicial en Buenos Aires de Puntarenas podría quedar paralizada por la norma 9 del proyecto de Presupuesto Nacional 2027.
La norma propone bloquear ¢29.843,8 millones del presupuesto judicial, incluidos ¢4.347 millones de la subpartida Edificios del OIJ, de la cual depende el financiamiento de la obra.
El proyecto ya cuenta con un contrato en firme y está próximo a recibir la orden de inicio.
Rodrigo Chaves Robles rechazó la advertencia y afirmó que el Poder Judicial dispone de aproximadamente $82 millones para infraestructura.
A su criterio, la institución utiliza las necesidades de la población de la zona sur para oponerse a las restricciones presupuestarias.
Ministro critica posible cierre del TEC en Limón
El jerarca también cuestionó a la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, por asegurar que la retención de ¢492,8 millones correspondientes al último trimestre de 2026 significaría el cierre del Centro Académico de Limón.
Rodrigo Chaves Robles sostuvo que la universidad recibe alrededor de ¢62.000 millones anuales y cuestionó que la reducción pueda provocar el cierre de la sede.
Según el recurso de amparo presentado por el TEC, la suspensión de transferencias pone en riesgo la continuidad académica de 417 estudiantes y 68 funcionarios.
La Sala Constitucional concedió tres días hábiles al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación Pública y a la Tesorería Nacional para explicar la retención de recursos.
La presidenta Laura Fernández Delgado defendió las normas presupuestarias y mencionó informes negativos de la Contraloría General de la República sobre la liquidación presupuestaria del Poder Judicial en 2024 y 2025.
