La diputada y presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega Guzmán, anunció este lunes que devolvió el vehículo BMW X1 modelo 2026 que la agrupación le había asignado para uso discrecional.
La legisladora también confirmó que asumirá con sus propios recursos los gastos generados por el alquiler hasta la fecha, mediante un plan de pago formal.
«He procedido a devolver el vehículo asignado y asumiré, íntegramente de mi propio bolsillo, el costo total generado hasta la fecha, mediante un plan de pago formal que garantiza que nuestro partido no asumirá ni un solo colón de pérdida»
La decisión se conoció cuatro días después de que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazara reconocer con fondos públicos las facturas del arrendamiento, cuyo costo mensual asciende a $2.645, aproximadamente ₡1,2 millones.
Mayuli Ortega Guzmán no precisó el monto total que deberá reintegrar al partido ni las condiciones del plan de pago. Tampoco aclaró si la devolución implicó la terminación anticipada del contrato original, suscrito por cuatro años con un costo total previsto de $126.960, unos ₡57,9 millones.
Ortega defiende legalidad de la contratación
Pese a anunciar la devolución del automóvil, la presidenta del PPSO insistió en que la contratación se efectuó conforme a la legislación vigente. Atribuyó la selección del vehículo a una recomendación técnica del Departamento de Tesorería del partido.
Según su versión, esa instancia evaluó distintas cotizaciones bajo criterios de proporcionalidad, trazabilidad, transparencia y legalidad. Sin embargo, reconoció que la percepción ciudadana pesó más que los criterios técnicos en su decisión.
«Entiendo perfectamente el sentir de la ciudadanía. Comprendo que, más allá de los criterios técnicos, la percepción importa, y que el uso de un vehículo de una marca como BMW genera un ruido innecesario que no representa la cercanía ni la austeridad que la gente espera de sus representantes»
La legisladora también acusó a sectores que no identificó de intentar magnificar la controversia para desgastar a su agrupación política y desviar la atención.
TSE rechazó facturas por ₡6,4 millones
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos rechazó seis facturas por aproximadamente ₡6,4 millones correspondientes al alquiler de dos vehículos de lujo utilizados por dirigentes del PPSO.
La decisión consta en el informe DFPP-LT-PPSO-09-2026, del 6 de noviembre. Del monto rechazado, ₡3,7 millones corresponden a tres facturas por el BMW utilizado por Mayuli Ortega Guzmán.
Los otros ₡2,7 millones corresponden al arrendamiento de un Toyota Prado, también modelo 2026, asignado principalmente al tesorero suplente del partido, Raúl Zamora Trejos.
El órgano técnico concluyó que Pueblo Soberano no logró acreditar que los arrendamientos fueran necesarios, razonables y proporcionales para sus actividades partidarias. También cuestionó que el costo acumulado superara considerablemente el valor contractual de los vehículos sin que estos pasaran a ser propiedad del partido.
El comunicado de Mayuli Ortega Guzmán no menciona el futuro del contrato del Toyota Prado, cuyo costo mensual asciende a $2.260, aproximadamente ₡1,03 millones.
Partido impugnará decisiones del TSE
En su pronunciamiento, Mayuli Ortega Guzmán reconoció que las autoridades electorales no están avalando una parte considerable de los gastos presentados por Pueblo Soberano para reembolso con recursos estatales.
Según la presidenta de la agrupación, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos no está reconociendo el 68% de los gastos. El informe técnico recomendó rechazar desembolsos por aproximadamente ₡62 millones del periodo entre el 19 de marzo y el 30 de junio de 2026.
«En estricto apego al debido proceso, presentaremos en tiempo y forma toda la documentación necesaria para subsanar la información pendiente señalada por las autoridades, y apelaremos con firmeza todo aquello que consideramos justo y respaldado por la ley»
El TSE mantiene abierta una investigación administrativa bajo el expediente DFPP-DEN-003-2026, a raíz de dos denuncias relacionadas con estos gastos. Una de ellas fue presentada por el Frente Amplio el 30 de octubre.









