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Oficialismo exige renuncia de Carlo Díaz y Angie Cruickshank

Diputados de Pueblo Soberano aprueban mociones contra el fiscal general y la defensora de los Habitantes tras inspección en el CACCO

Sesión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica donde el Partido Pueblo Soberano aprobó mociones contra el fiscal general Carlo Díaz Sánchez y la defensora de l

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El Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobó este lunes dos mociones para exigir la renuncia inmediata del fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, y de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Las iniciativas recibieron 29 votos a favor y 21 en contra, con el respaldo exclusivo de la bancada oficialista.

Los cuestionamientos se centraron en la participación de ambos jerarcas en la inspección realizada el viernes anterior en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).

La diputada Nayuribe Guadamuz Rosales promovió ambas mociones junto a otros integrantes del oficialismo.

En el caso del fiscal general, el PPSO calificó su actuación como un “show político” y lo acusó de negligencia en la persecución del crimen organizado.

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Bancada oficialista en el acuerdo aprobadoDeclaración recogida en esta nota

La moción exige la renuncia inmediata de Carlo Díaz Sánchez y, si se niega, solicita a la Corte Plena iniciar un procedimiento para destituirlo.

Cuestionamientos contra la defensora de los Habitantes

La moción contra Angie Cruickshank Lambert también calificó su participación en la inspección como un “show político”.

Los diputados oficialistas la acusaron de mostrar mayor interés en defender a los delincuentes que a las víctimas de la criminalidad.

La directora general de Adaptación Social, Lucrecia Tejada Cordoncillo, denunció que Cruickshank la amenazó, intimidó y le gritó durante la diligencia.

La diputada Kathia Calvo Cruz cuestionó la conducta pública de la defensora y señaló que dedicó parte de su gestión a realizar viajes.

También le reprochó no acompañar suficientemente a las familias de las víctimas de la criminalidad.

El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta Jaén, sostuvo que la participación de Cruickshank en la inspección buscaba exposición pública para conseguir su reelección.

El diputado Gonzalo Ramírez Zamora planteó incluso la posibilidad de cerrar la Defensoría de los Habitantes y destinar su presupuesto a otras instituciones.

Rechazo de la oposición

La discusión de las mociones se produjo mientras trascendía el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

La jefa de fracción de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles Camargo, acusó al oficialismo de intentar desviar la atención de los problemas de seguridad pública.

Dobles exigió que las autoridades investiguen tanto a los autores materiales como a los eventuales autores intelectuales del crimen.

La diputada del Frente Amplio, María Eugenia Román Mora, reprochó que el oficialismo dedicara la sesión a cuestionar a dos autoridades por ejercer sus competencias legales.

La frenteamplista Sigrid Segura Artavia acusó al Gobierno de instrumentalizar el dolor de las familias de las víctimas para atacar a las instituciones fiscalizadoras.

El diputado Antonio Trejos Mazariegos recordó que el artículo 12 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes autoriza expresamente inspecciones sin previo aviso.

Trejos vinculó los ataques contra el fiscal general con la apertura de una causa penal contra el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, por presunto tráfico de influencias.

Alcances jurídicos diferentes

Las mociones aprobadas tienen alcances jurídicos distintos para cada funcionario.

La Asamblea Legislativa carece de potestad para destituir al fiscal general, pues esa atribución corresponde exclusivamente a la Corte Plena.

Se requiere el voto favorable de al menos 15 de sus 22 integrantes, según los artículos 24 y 29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Hace cuatro semanas, la Corte Suprema de Justicia reeligió por unanimidad a Carlo Díaz Sánchez para un nuevo periodo de cuatro años.

En cambio, la Asamblea Legislativa sí tiene potestad para destituir a la defensora de los Habitantes mediante un procedimiento establecido en la Ley 7319.

El plenario aprobó por unanimidad una iniciativa para guardar un minuto de silencio en memoria del periodista Camilo Rodríguez Chaverri.

El fiscal general confirmó el inicio de las investigaciones por el asesinato y anunció una pesquisa exhaustiva para identificar a los responsables.

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