El abogado Boris Molina explicó que el principio de inocencia y la prisión preventiva determinan que una persona detenida por robo pueda quedar en libertad mientras avanza el proceso judicial.
Señaló que, aunque un sospechoso sea detenido en el acto, las autoridades valoran elementos como el arraigo, es decir, si cuenta con vivienda, trabajo o condiciones que permitan ubicarlo fácilmente.
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Indicó que la prisión preventiva se aplica de forma excepcional, únicamente cuando existe riesgo de fuga, peligro para la víctima o la sociedad, o posibilidad de entorpecer el proceso judicial.
Detalló que el sistema judicial debe respetar el debido proceso, lo que implica que toda persona es considerada inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria.
Agregó que estos principios buscan evitar abusos de poder, garantizando que ninguna persona sea privada de libertad sin una justificación legal clara y comprobada.
