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Boris Molina explicó que en el país no existe la prisión por deudas, por lo que ninguna persona puede ser encarcelada por no pagar un crédito.
Señaló que esta práctica fue eliminada hace muchos años y que muchas empresas de cobro utilizan el miedo para presionar a las personas.
Molina también indicó que algunas compañías llaman a familiares y conocidos para intentar cobrar deudas muy antiguas, incluso de más de diez años.
Según explicó, muchas de esas obligaciones ya están prescritas y no pueden exigirse legalmente.
Además, advirtió que en algunos casos quienes realizan las llamadas se hacen pasar por abogados o aseguran que el caso ya está en tribunales, lo cual podría constituir un ejercicio ilegal de la profesión y generar denuncias por llamadas mortificantes.
Recomendó preguntar siempre de qué año es la deuda y, si supera el plazo legal de prescripción, acudir a un abogado para presentar la excepción correspondiente y archivar el proceso.
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