El asesinato de un paciente dentro del Hospital La Anexión, en Nicoya, desató una nueva polémica política en Costa Rica. Voces opositoras utilizaron el violento hecho para cuestionar tanto la gestión del exmandatario Rodrigo Chaves como la actual administración de la presidenta Laura Fernández.
El crimen ocurrió la madrugada del sábado 8 de agosto, cuando dos hombres encapuchados y armados con rifles tipo AR-15 ingresaron al centro médico. Los atacantes llegaron hasta el área donde permanecía internado un paciente de apellido Valverde, de 32 años, a quien le propinaron 14 balazos.
Durante el ataque, una adulta mayor que se encontraba en el hospital también fue alcanzada por una bala, que le impactó en uno de sus glúteos. La víctima había ingresado al hospital días antes después de sufrir una lesión en una pierna.
Posteriormente trascendió que había permanecido bajo custodia policial, pero esa vigilancia fue retirada antes del ataque. La Fiscalía explicó que la custodia fue eliminada luego de valorar su condición médica, debido a que presentaba una fractura que requería una intervención quirúrgica.
Críticas de opositores por la seguridad
En redes sociales, opositores al Gobierno han utilizado el homicidio para cuestionar las políticas de seguridad. Señalan una supuesta continuidad de la inseguridad entre la administración del exmandatario Rodrigo Chaves y el actual Gobierno de la presidenta Laura Fernández.
Los críticos sostienen que el ataque demuestra, a su juicio, el nivel de violencia que enfrenta Costa Rica. Cuestionan que un grupo armado haya podido ingresar con fusiles a un hospital para ejecutar a un paciente.
Los opositores también han puesto el foco en el hecho de que el hombre había sido detenido previamente y permanecía bajo custodia policial, pero esa vigilancia fue retirada antes del atentado. A partir de esta situación, cuestionan cómo fue posible que una persona que se encontraba internada y que había estado bajo custodia terminara siendo asesinada dentro del propio hospital.
Utilizan el caso para señalar lo que consideran una continuidad de las deficiencias en materia de seguridad durante las últimas dos administraciones.
Responsabilidad de la Fiscalía en el retiro de custodia
Sin embargo, el caso también abrió un debate sobre las responsabilidades de las distintas instituciones del Estado.
Según la explicación brindada por la Fiscalía, la medida se tomó después de valorar la condición médica del paciente. Consideraron que su estado físico hacía inviable una eventual fuga.
Por ello, aunque los opositores utilizan el homicidio para cuestionar políticamente a las administraciones de Chaves y Fernández por la situación general de seguridad del país, la decisión concreta de retirar la vigilancia policial corresponde al ámbito del Poder Judicial. El caso plantea así interrogantes tanto sobre la seguridad dentro de los centros hospitalarios como sobre los criterios utilizados por las autoridades judiciales para determinar cuándo debe mantenerse o retirarse la custodia de una persona que permanece hospitalizada y vinculada a una causa penal.
Antecedentes y temor ciudadano
El debate también ha generado comparaciones con el asesinato de otro paciente ocurrido en diciembre de 2023 dentro del Hospital Tony Facio de Limón, durante el Gobierno de Rodrigo Chaves. En aquella ocasión, hombres armados ingresaron al centro médico y asesinaron a un paciente que se encontraba internado.
El hecho también ha generado temor entre parte de la población, ante la percepción de que la violencia criminal puede alcanzar incluso lugares considerados seguros, como los hospitales. El ataque dejó una imagen especialmente preocupante: una adulta mayor que se encontraba internada en el centro médico terminó recibiendo un impacto de bala en uno de sus glúteos, pese a no ser el objetivo del ataque.
El caso ha alimentado la preocupación de ciudadanos que cuestionan si, frente al avance de la violencia, ya ni siquiera los hospitales pueden considerarse lugares completamente seguros. Mientras avanza la investigación para determinar quiénes ordenaron y ejecutaron el asesinato, la oposición utiliza el caso para cuestionar las políticas de seguridad de las últimas dos administraciones.
