La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó este lunes 21 de septiembre de 2026 un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para exigir una evaluación psicológico-forense al ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles.
La acción legal también se dirige contra la Presidencia de la República, encabezada por Laura Fernández Delgado.
El sindicato solicitó a los magistrados que ordenen una pericia multimétodo para determinar si el jerarca presenta rasgos de personalidad que incidan negativamente en sus funciones públicas.
Según el documento presentado, el objetivo es establecer de forma independiente si existen patrones que comprometan el juicio ponderado, la tolerancia al control institucional y la proporcionalidad de sus decisiones.
Expediente documenta enfrentamientos desde 2022
La ANEP adjuntó al recurso una recopilación de acontecimientos, declaraciones públicas y actuaciones documentadas del ministro Rodrigo Chaves Robles que abarcan desde 2022 hasta septiembre de 2026.
Los accionantes sostienen que estos hechos deben analizarse integralmente para establecer la existencia de un patrón de comportamiento.
El expediente cita enfrentamientos directos contra diputados, autoridades de órganos de control, magistrados, periodistas, medios de comunicación, rectores de universidades públicas, grupos de mujeres y sectores de la ciudadanía civil.
La organización advirtió que la concentración de poder en Rodrigo Chaves Robles —quien ostenta simultáneamente la cartera de la Presidencia y la de Hacienda— amplifica el impacto de cualquier alteración en su juicio o trato igualitario.
Responsabilidad constitucional de la presidenta Laura Fernández
El recurso también emplaza directamente a la presidenta Laura Fernández Delgado, a quien la ANEP señala como responsable política y constitucional de sostener al ministro en el gabinete.
Amparados en el artículo 139 de la Constitución Política, los sindicalistas recordaron que el Ejecutivo tiene el mandato de resguardar las libertades públicas de la Nación.
La organización exigió que la Presidencia adopte las previsiones administrativas y políticas procedentes de manera inmediata, mientras se analiza el fondo de la situación.
Además, solicitó medidas cautelares para restringir cualquier decisión del Poder Ejecutivo que pueda afectar la independencia, el presupuesto o el funcionamiento de los órganos de control y del Poder Judicial.
La Sala Constitucional deberá ahora determinar la admisibilidad formal del recurso y la procedencia de las pretensiones formuladas por el sindicato.
La decisión de acoger o rechazar la solicitud sentará un precedente sobre los alcances del control ciudadano y la salud mental exigible a los más altos tomadores de decisiones en la función pública.
