El diputado José María Villalta Florez-Estrada presentó el proyecto de ley 25.815, denominado Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos, que busca endurecer las penas contra quienes cometan delitos motivados por la labor activista de las víctimas.
La iniciativa del Frente Amplio también amplía los mecanismos de protección a los que pueden acceder quienes defienden derechos humanos, el ambiente y las libertades fundamentales.
El legislador José María Villalta Florez-Estrada sostuvo que la propuesta responde a un contexto de violencia documentado contra activistas en el país.
«Esta propuesta busca enviar una señal clara contra la impunidad, reconociendo la importancia de la labor que realizan las personas activistas en defensa de los derechos y las libertades de la población costarricense»
Proyecto de ley 25.815 crea agravantes penales
La iniciativa incorpora el homicidio de una persona defensora o activista como agravante en el artículo 112 del Código Penal, cuya pena oscila entre veinte y treinta y cinco años de cárcel.
Para la privación de libertad agravada, el proyecto la suma al artículo 192, que establece penas de cuatro a diez años.
El diputado José María Villalta Florez-Estrada explicó que la reforma busca sancionar con mayor rigor los crímenes cometidos con la intención de silenciar a quienes defienden derechos.
«Buscamos reformar la legislación sobre el programa de protección de víctimas y testigos, para que incluya expresamente la protección a personas que son perseguidas o amenazadas por realizar la defensa de los derechos humanos»
Ampliación de protección a organizaciones vinculadas
El proyecto agrega un nuevo artículo 71 ter al Código Procesal Penal para que integrantes de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones vinculadas directamente con una persona ofendida puedan acceder a servicios de protección y asistencia.
Esa cobertura aplicaría cuando, por esa relación, afronten amenazas graves contra su vida o integridad física.
El diputado José María Villalta Florez-Estrada mencionó casos de personas defensoras del territorio, del agua y de los derechos de los pueblos originarios que han sido asesinadas o amenazadas sin recibir protección adecuada.
«También que existan soluciones más rigurosas para quien cometa un crimen motivado en silenciar a personas defensoras de estos derechos»
Contexto de violencia contra activistas en Costa Rica
Datos del reporte Global Analysis 2024/25 de la organización Front Line Defenders indican que Latinoamérica concentró el 79.3% de los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2024, con 257 casos.
En Costa Rica, la exposición de motivos del proyecto cita el asesinato del líder indígena Antonio Zúñiga en 1989 y la masacre de Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero de la Asociación Ecologista Costarricense en 1994.
También menciona la muerte de la conservacionista canadiense Kimberly Blackwell en 2011, el asesinato del defensor de tortugas Jairo Mora en 2013 y los homicidios de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jhery Rivera.
El diputado José María Villalta Florez-Estrada citó esos nombres como evidencia de la urgencia de reforzar las penas y la protección a quienes se exponen públicamente para defender derechos humanos, el ambiente y las libertades de la población.
