El Poder Judicial determinó que no habilitará el teletrabajo desde el extranjero para sus funcionarios, pese a que la legislación costarricense permite esa modalidad.
La decisión la tomó la Corte Plena este lunes, con base en criterios técnicos de las direcciones Jurídica, de Gestión Humana y de Tecnologías de la Información.
Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial, explicó que la norma habilita jurídicamente la figura, pero su aplicación depende de una valoración institucional sobre la conveniencia y las condiciones de cada puesto.
«No es que el Poder Judicial está obligado a implementar esta modalidad, sino que podría determinar que no le conviene por el tipo de prestación de servicios que hacemos»
El funcionario señaló que la institución tendría que definir cuáles puestos podrían acogerse al teletrabajo internacional. Consideró que no sería adecuado para fiscales, cuyas funciones dependen en buena medida de la oralidad.
Riesgos de ciberseguridad y costos adicionales
Martín Hernández, director de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, advirtió que permitir conexiones desde el extranjero ampliaría las posibilidades de ataques a los sistemas institucionales.
Distinguió entre quienes necesitan ingresar a sistemas internos mediante una red privada virtual (VPN) y quienes usan únicamente herramientas de Microsoft 365 alojadas en la nube.
Para el primer grupo, habilitar conexiones desde otros países representa un «riesgo muy alto». Actualmente el Poder Judicial tiene deshabilitado el uso de VPN desde el extranjero por recomendaciones de ciberseguridad.
La implementación requeriría adquirir dispositivos de seguridad y realizar configuraciones especiales para cada país. Un solo dispositivo de ciberseguridad puede costar al menos $100.000.
Hernández confirmó que esos recursos no están contemplados en el presupuesto institucional del 2027 y que el presupuesto de tecnología ha sufrido recortes.
Dificultades con seguros y jornada laboral
Roxana Arrieta, directora de Gestión Humana, advirtió que el Poder Judicial mantendría sus responsabilidades patronales aunque el funcionario trabaje fuera del país.
«La distancia no exime al Poder Judicial de sus responsabilidades patronales sobre el entorno físico en el que se encuentra la persona trabajadora»
Un accidente laboral en el extranjero obligaría a la persona a asumir inicialmente el 100% de los gastos y luego gestionar el reembolso ante el Instituto Nacional de Seguros (INS).
El trámite requeriría certificaciones, documentos apostillados, facturas y, cuando corresponda, traducciones oficiales de la información médica.
Las diferencias horarias también preocuparon a los magistrados. El magistrado Jorge Olaso, de la Sala II, advirtió que un funcionario en países europeos, con hasta ocho horas de diferencia, podría terminar trabajando durante la noche.
Rodrigo Campos agregó que esas diferencias podrían generar futuros reclamos por reconocimiento de horas extraordinarias.
Magistrados cuestionan la conveniencia de la medida
El magistrado Luis Porfirio Sánchez, de la Sala II, cuestionó que la Corte valore el teletrabajo internacional mientras enfrenta restricciones presupuestarias y dificultades para garantizar la continuidad de los nombramientos de personal.
«Hay una crítica del usuario que llega al despacho judicial, que llega a las oficinas judiciales y que no encuentra a la persona física. Y todavía nosotros no hemos solventado ese problema de atención al usuario»
El magistrado consideró que la institución debería resolver primero esas dificultades antes de avanzar hacia una modalidad internacional.
«No estoy de acuerdo que el Poder Judicial apruebe en estos momentos un teletrabajo internacional»
La Dirección de Planificación consideró viable aplicar la modalidad de forma excepcional y temporal, restringida a puestos profesionales específicos. En contraste, la Defensa Pública y la Dirección Ejecutiva señalaron que el teletrabajo desde el extranjero no es compatible con la naturaleza de sus servicios.
Sin plan piloto por ahora
La magistrada Julia Varela, de la Sala II, consultó sobre la posibilidad de desarrollar un plan piloto para evaluar el teletrabajo internacional.
Rodrigo Campos respondió que la alternativa ya se había analizado en la comisión institucional de teletrabajo, pero la posición técnica es atender primero todos los riesgos.
Explicó que, por las obligaciones institucionales en materia de control de riesgos, el Poder Judicial no puede habilitar una prueba y corregir posteriormente los problemas que surjan.
Por ello, consideró inconveniente desarrollar un plan piloto antes de garantizar las condiciones de seguridad y reformar el reglamento institucional.
