La Corte Plena cuestionó disposiciones del Presupuesto Nacional 2027 que condicionan ¢29.843 millones y 2.463 plazas del Poder Judicial.
El órgano designó al magistrado Jorge Leiva para elaborar un informe dirigido a la Asamblea Legislativa.
El documento deberá determinar si esas normas afectan la organización o el funcionamiento del Poder Judicial.
La Corte Plena señaló que no se consultó al Congreso sobre estas disposiciones presupuestarias.
Contraloría detecta vicios constitucionales
La Contraloría General de la República advirtió sobre vicios constitucionales en las normas que limitan el presupuesto judicial.
El ente fiscalizador pidió eliminar aquellas disposiciones que le asignan funciones de revisión.
Según la Contraloría, esas funciones la acercarían a la coadministración del Poder Judicial.
El órgano contralor sostuvo que las disposiciones exceden las capacidades de una ley de presupuesto y generan inseguridad jurídica.
La Corte Plena también solicitó a la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales un informe sobre sus inversiones, proyectos y finanzas.
La solicitud se enmarca en una investigación de la Fiscalía sobre el desembolso de $2,3 millones para financiar un concierto de Snoop Dogg.
