El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, comunicó a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, que ninguna de las autoridades judiciales convocadas participará en la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
La decisión fue oficializada mediante una carta en la que el jerarca judicial argumenta que varios de los temas incluidos en la agenda involucran actuaciones y decisiones propias del ámbito jurisdiccional, lo que podría comprometer la independencia de criterio de los jueces.
Según explicó, la eventual participación del presidente de la Corte y de la presidenta de la Sala Tercera podría dar lugar a valoraciones o compromisos que afecten, directa o indirectamente, la imparcialidad en la resolución de casos concretos. Por ello, consideró que no resulta institucionalmente procedente asistir a una deliberación planteada en esos términos.
Aguirre también señaló que ese mismo día la Corte Plena celebrará su sesión ordinaria, en la cual se analizará el impacto del recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial. Indicó que la institución enfrenta esta situación tras años de contención del gasto, presupuestos limitados y transferencias tardías de recursos.
En la misiva, el presidente de la Corte advirtió que el ajuste presupuestario no afectará recursos ociosos, sino que tendrá consecuencias directas sobre la prestación del servicio judicial, la investigación criminal, la persecución penal, la atención de víctimas y la reducción del rezago.
Asimismo, defendió el aporte del Poder Judicial al esfuerzo fiscal del país, destacando niveles de ejecución cercanos al cien por ciento y medidas de contención que ya han limitado sus capacidades operativas.
El jerarca enfatizó que la ausencia en el Consejo no implica desinterés por la seguridad nacional, sino una defensa del rol institucional que le corresponde al Poder Judicial. Añadió que esta institución cumple una función esencial en la respuesta estatal contra el crimen, incluyendo la desarticulación de organizaciones delictivas, la presentación de casos ante tribunales y la resolución conforme a derecho.
Finalmente, advirtió que resulta contradictorio discutir el fortalecimiento de la seguridad mientras se impulsa un recorte que debilita las capacidades necesarias para garantizarla, señalando que cualquier reducción de recursos impactará directamente a las víctimas, las comunidades y el sistema de justicia en general.
