El fiscal general de la República, Carlo Díaz, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para revertir la decisión del Ministerio de Hacienda de mantener congelados ₡8.680 millones destinados a 275 plazas contra el crimen organizado.
Los recursos habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa como parte del Presupuesto Ordinario de 2026. De ese monto, ₡8.680 millones corresponden a 176 plazas en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 99 en el Ministerio Público.
«Presenté un recurso de amparo por considerar que se violaron derechos fundamentales en materia de Hacienda Pública: principio de unidad presupuestaria, principio de separación de poderes, especialidad y legalidad presupuestaria», detalló Carlo Díaz.
Gobierno mantiene bloqueo pese a aprobación legislativa
Díaz explicó que los fondos fueron aprobados para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la violencia de género. Sin embargo, tanto la administración de Rodrigo Chaves como la de Laura Fernández mantienen bloqueados los desembolsos. Los exministros de Hacienda Nogui Acosta y Rudolf Lücke, así como el entonces presidente y hoy ministro Rodrigo Chaves, se negaron a transferir esos fondos.
El Gobierno alega que los montos fueron rebajados de las partidas presupuestadas para el pago de intereses de la deuda pública, por lo que no fueron programados para su giro, según las autoridades de Hacienda.
Impacto en la persecución penal
El fiscal señaló que la negativa del Poder Ejecutivo afecta el buen funcionamiento de los servicios públicos y discrimina en la ejecución presupuestaria. Advirtió que esta omisión limita la capacidad de actuación del Ministerio Público y del OIJ.
«Con esta negativa se afecta el buen funcionamiento de los servicios públicos y se discrimina en la ejecución presupuestaria. Esta omisión del Poder Ejecutivo limita nuestra capacidad de actuación del Ministerio Público y del OIJ, lo cual favorece a la delincuencia», afirmó Carlo Díaz.
Las autoridades judiciales han advertido que el congelamiento tiene un impacto severo sobre la capacidad de persecución penal. El presidente de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general han señalado que la falta de esos recursos incrementa el riesgo de prescripción de causas. Además, agrava los retrasos en la atención de los casos en medio de la crisis de homicidios y crimen organizado que enfrenta el país. El conflicto se ha agravado por la posterior solicitud del Gobierno a la Asamblea Legislativa de aprobar un nuevo recorte presupuestario general de ₡27.000 millones para el Poder Judicial.
Carlo Díaz confía en que los magistrados de la Sala Constitucional analicen a profundidad el caso y ordenen la transferencia del dinero para fortalecer las capacidades de investigación y persecución penal.
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