El Gobierno de Nicaragua rechazó el pronunciamiento de Costa Rica sobre la situación política nicaragüense y defendió su soberanía para definir sus propios asuntos electorales.
La respuesta se produjo luego de que la presidenta Laura Fernández Delgado reiterara el respaldo costarricense a la realización de elecciones libres, transparentes y plurales en Nicaragua.
A través de un comunicado oficial, las autoridades nicaragüenses señalaron que los asuntos políticos y electorales corresponden exclusivamente al Estado de Nicaragua.
El gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo recordó el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, contemplado en el derecho internacional.
«Nicaragua ejerce plenamente su soberanía e independencia, por lo que considera que ningún gobierno extranjero debe pronunciarse sobre decisiones relacionadas con su organización política interna», sostuvo el Ejecutivo nicaragüense en el documento.
Asimismo, afirmó que el país no interviene en los asuntos domésticos de otras naciones y espera el mismo trato por parte de la comunidad internacional.
Origen de la controversia diplomática
La reacción de Nicaragua se produjo después de que el Gobierno de Costa Rica reiterara públicamente su respaldo a procesos electorales libres, democráticos y plurales en el país vecino.
La postura costarricense surgió tras las recientes declaraciones de Daniel Ortega sobre el futuro del sistema electoral nicaragüense.
Durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario afirmó que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones que permitan el regreso de la oposición al poder.
Esas declaraciones generaron cuestionamientos tanto dentro como fuera de la región centroamericana.
El intercambio de posiciones evidencia un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países, en medio del debate internacional sobre la situación política y democrática en Nicaragua.
