La presidenta Laura Fernández Delgado anunció este miércoles un paquete de ocho proyectos de ley que el Poder Ejecutivo ya presentó ante la Asamblea Legislativa. Las iniciativas fueron anunciadas durante la conferencia de prensa especial por sus primeros 100 días de gobierno.
Los expedientes 25.721 al 25.728 abarcan materias como el financiamiento del Régimen No Contributivo (RNC) de pensiones, las competencias de la Contraloría General de la República y las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación pública.
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El paquete también incluye el régimen de empleo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Ciudad Gobierno, los seguros agropecuarios, la administración de Fonatel y las tasas máximas que pueden cobrar las entidades que ofrecen créditos.
Reforma al aporte del Banco Popular para financiar pensiones
El expediente 25.721 pretende modificar el destino de la parte del aporte patronal al Banco Popular que actualmente permanece en esa entidad. Esos recursos se utilizarían para financiar pensiones del Régimen No Contributivo a personas adultas mayores en condición de pobreza extrema y pobreza básica.
La cuota patronal que registra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a favor del Banco Popular corresponde al 0,25% de los salarios. La Ley de Protección al Trabajador ya redirigió al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) el otro 50% del aporte patronal.
La propuesta dispone que ese 0,25% pase al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), específicamente para fortalecer el RNC. El proyecto no modifica el aporte del 1% que realizan las personas trabajadoras al Banco Popular ni el porcentaje patronal que ya financia el ROP.
El Ejecutivo calcula que la porción que propone trasladar representó ₡37.506,9 millones durante 2025. Ese dinero permitiría financiar aproximadamente 31.221 nuevas pensiones, tomando como referencia un costo anual de ₡1.201.300 por cada beneficio.
La exposición de motivos afirma que el RNC cerró 2025 con unas 30.000 solicitudes pendientes por falta de recursos. La presidenta Laura Fernández Delgado afirmó que la propuesta fue trabajada en una mesa técnica con participación del Banco Popular.
«El Banco Popular alegó no necesitar más ese aporte, debido a que ya se encuentra suficientemente capitalizada», afirmó Laura Fernández Delgado, presidenta de la República.
Nuevo intento por limitar competencias de la Contraloría
El expediente 25.722 plantea una amplia reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y a la Ley General de Control Interno. La iniciativa busca restringir el alcance de varias potestades de fiscalización y establecer límites a las actuaciones que el Poder Ejecutivo considera que constituyen «coadministración».
El proyecto retoma una discusión que el anterior Gobierno de Rodrigo Chaves Robles intentó impulsar mediante las denominadas leyes Jaguar. Esa discusión llegó en dos ocasiones a conocimiento de la Sala Constitucional.
El antecedente más directo corresponde a la primera Ley Jaguar (expediente 24.364), presentada por el Poder Ejecutivo en junio de 2024. Cuatro de sus disposiciones pretendían modificar los artículos 11, 12, 17 y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría.
La Sala Constitucional encontró, mediante la resolución 2024-021375 del 29 de julio de 2024, vicios de constitucionalidad en los cuatro artículos consultados. El tribunal declaró completamente inconstitucional la modificación al artículo 11 y, por unanimidad, la reforma al artículo 17.
La única parte de la modificación al artículo 12 que la mayoría de la Sala consideró constitucional fue establecer expresamente que la Contraloría no puede «sustituir» ni «abarcar» competencias correspondientes a la Administración activa. Esa excepción constituye uno de los fundamentos que utiliza ahora el Ejecutivo para justificar el nuevo proyecto.
El expediente propuesto por la presidenta Laura Fernández Delgado también vuelve sobre materias de la primera Ley Jaguar que la Sala declaró inconstitucionales. Entre ellas figura el control de eficiencia.
La legislación vigente señala que uno de los fines del sistema de fiscalización es garantizar la legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos. El nuevo proyecto redefine esa finalidad para limitarla a «garantizar la legalidad en materia de resguardo de los fondos públicos exclusivamente».
La iniciativa deroga por completo el artículo 17, que regula las potestades de control de eficiencia. La primera Ley Jaguar ya había intentado reducir esa competencia.
En aquella oportunidad, la Sala señaló que la modificación pretendía impedir que la Contraloría adoptara acciones vinculantes de prevención o sanción frente a eventuales irregularidades relacionadas con la eficiencia en el manejo de fondos públicos. La reforma fue declarada inconstitucional por unanimidad.
