El Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió una directriz que establece nuevas condiciones sobre cómo el personal docente puede abordar temas políticos dentro de los centros educativos públicos.
La medida, oficializada mediante la circular DM-CIR-0047-2026 y firmada por el ministro Leonardo Sánchez junto con las viceministras María Alexandra Ulate y Sofía Ramírez, busca reforzar el principio de neutralidad político-electoral en el sistema educativo.
El documento detalla que no se permitirá utilizar espacios, recursos o actividades institucionales para promover o cuestionar partidos políticos, candidaturas o figuras públicas. Esta restricción aplica tanto en clases como en evaluaciones, actos cívicos, materiales educativos y plataformas digitales del centro.
También se prohíbe incentivar la participación del estudiantado en actividades político-electorales, así como el ingreso de personas externas con fines proselitistas.
No obstante, la directriz aclara que los temas políticos sí pueden ser analizados en el aula cuando formen parte del currículo oficial y se desarrollen bajo criterios de objetividad, pluralidad y enfoque pedagógico.
Asimismo, se establece que el profesorado debe evitar orientar los contenidos hacia conclusiones políticas predeterminadas o imponer sus opiniones personales, promoviendo más bien el pensamiento crítico del estudiantado.
El MEP fundamenta la medida en la normativa vigente, que reconoce la libertad de expresión docente, pero prohíbe la propaganda política dentro de las instituciones educativas.
Tras la publicación del documento, algunos educadores han expresado inquietudes sobre la amplitud de los términos utilizados y su posible interpretación en la aplicación de la norma.
La directriz reabre el debate sobre el equilibrio entre la libertad de cátedra y la neutralidad política en la educación pública.
