La magistrada Ingrid Hess explicó que la Sala Constitucional ordenó eliminar el recorte de 8.000 millones de colones a las universidades públicas en el Presupuesto 2027 porque la Asamblea Legislativa se excedió en sus facultades.
La decisión se tomó mediante una consulta previa de constitucionalidad, un mecanismo que permite al Congreso preguntar a la Sala si lo que va a aprobar es acorde con la Carta Magna.
Hess recordó que la Constitución protege la educación superior desde varios ángulos: autonomía, libertad de cátedra y recursos propios garantizados.
Durante 2020 y 2021, el Estado no pudo girar los fondos constitucionales a las universidades por la pandemia del coronavirus.
Para reponer esos montos, el Poder Ejecutivo y los rectores firmaron acuerdos de pago por tractos que se han incluido en los presupuestos sucesivos.
En el proyecto de Presupuesto 2027, el Ejecutivo ya había destinado la cuota correspondiente a esos fondos postergados.
Sin embargo, la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para rebajar esa partida.
«La Constitución claramente dice que la Asamblea lo único que puede hacer con los dineros del FEES es ser un árbitro, ser un mediador cuando hay un conflicto entre el Ejecutivo y las universidades»
La magistrada subrayó que en este caso no existía conflicto alguno: el Ejecutivo había firmado el acuerdo y había presupuestado los fondos en el proyecto original.
«Fue en la Asamblea, en la Comisión de Hacendarios, donde por una moción se rebajaron. Entonces por esto es que es inconstitucional el rebajo»
La resolución de la Sala Constitucional obliga a restituir la partida eliminada para que las universidades reciban los recursos acordados.








