El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) rechazó la aprobación de una nueva reducción de ₡8.048 millones al financiamiento de las universidades públicas para el ejercicio económico 2026.
La decisión fue adoptada por las diputaciones del Partido Pueblo Soberano en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
El recorte se tramitó mediante la moción 9 del expediente legislativo N.° 25.803, correspondiente al Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para 2026.
CONARE sostuvo que esta medida incumple el compromiso suscrito el 20 de noviembre de 2025 en el marco de la Comisión de Enlace.
Ese acuerdo, firmado entre representantes del Gobierno de la República, las universidades públicas y la representación estudiantil, estableció la devolución gradual de los recursos del FEES postergados durante 2020 y 2021.
«Estas decisiones debilitan la confianza en los procesos de negociación y vulneran la seguridad jurídica, al desconocer compromisos formalmente asumidos entre el Gobierno y las universidades públicas»
Recorte acumulado de ₡16.096 millones al FEES
La nueva reducción se suma a otra de ₡8.048 millones incorporada en el Presupuesto Nacional para 2027, aprobado en primer debate.
En conjunto, ambas decisiones representan una disminución de ₡16.096 millones de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El pronunciamiento de CONARE señaló que la reducción compromete el funcionamiento de las universidades públicas y la continuidad de los servicios que ofrecen a la población.
Impacto en becas, infraestructura y regiones
Los recursos recortados afectan la atención de necesidades estudiantiles, los programas de becas y otros apoyos, así como el mantenimiento de instalaciones y el equipamiento de laboratorios.
También se verían limitadas las actividades de docencia, investigación, extensión y acción social, según detalló el Consejo Nacional de Rectores.
El impacto fue calificado como especialmente significativo en las regiones costeras y rurales fuera de la Gran Área Metropolitana.
En esos territorios, las universidades públicas acercan la educación superior a la población y generan oportunidades de formación profesional.
«La reducción de recursos puede limitar la presencia universitaria en estos territorios y las posibilidades de miles de jóvenes de iniciar y concluir una carrera»
El pronunciamiento advirtió que las consecuencias no recaen únicamente en quienes estudian, sino también en sus familias y comunidades.
