El diputado Gonzalo Ramírez, integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, anunció que ese órgano parlamentario abrirá una investigación formal para exigir cuentas al Poder Judicial por resoluciones que dejan en libertad a personas capturadas con drogas, armas y evidencias de estructuras criminales.
El anuncio surge ante lo que el diputado Gonzalo Ramírez describió como una ausencia de control sobre las decisiones judiciales que generan indignación pública, un vacío que, según sostuvo, no existe cuando se trata de policías, fiscales o legisladores.
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La pregunta que nadie responde: ¿quién vigila a los jueces?
Gonzalo Ramírez planteó de forma directa una interrogante que, según sus palabras, el país no ha querido enfrentar: qué ocurre cuando la Policía encuentra drogas, armas e indicios de una estructura criminal, y aun así los sospechosos quedan libres.
«¿Quién vigila a quienes toman esas decisiones?», cuestionó el diputado Gonzalo Ramírez ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Gonzalo Ramírez recalcó que a otros actores del sistema —policías, fiscales y diputados— se les exige rendir cuentas de forma habitual.
Sin embargo, sostuvo que cuando una resolución judicial provoca indignación nacional, «pareciera que nadie puede siquiera hacer preguntas».
Investigación en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico
Ante ese escenario, el diputado Gonzalo Ramírez anunció que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico abrirá un proceso de investigación para llamar al Poder Judicial a explicar públicamente sus decisiones.
«En la Comisión de Seguridad y Narcotráfico debemos y vamos a abrir una investigación para que nos vengan a dar cuentas», advirtió el diputado Gonzalo Ramírez.
Gonzalo Ramírez subrayó que la iniciativa se impulsará «con respeto, con responsabilidad y de frente», y que en la Asamblea Legislativa están representadas todas las fuerzas políticas del país.
El objetivo declarado es que todos los costarricenses sepan «qué es lo que está pasando» con las decisiones judiciales que generan cuestionamientos en materia de seguridad y narcotráfico.
Primeras acciones concretas: audiencias al más alto nivel del sistema de justicia
La investigación ya dio sus primeros pasos formales. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobó una moción para convocar a audiencia al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; a la presidenta de la Sala III, Patricia Solano; y al fiscal general Carlo Díaz. Las comparecencias buscan que las máximas autoridades del sistema de justicia expliquen ante el Parlamento los criterios que han orientado resoluciones cuestionadas por su impacto en materia de seguridad y narcotráfico.
La convocatoria a Orlando Aguirre, Patricia Solano y Carlo Díaz representa la señal más clara de que la Comisión no se limitará a debatir el tema en abstracto, sino que exigirá respuestas directas a quienes encabezan las instituciones responsables de las decisiones bajo escrutinio.
Un debate sobre la independencia judicial y el control democrático
El planteamiento de Gonzalo Ramírez abre un debate sobre los límites entre el control democrático de las instituciones y la independencia del Poder Judicial, consagrada constitucionalmente en Costa Rica.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico no tiene atribuciones para revocar resoluciones judiciales, pero sí puede convocar a funcionarios del sistema de justicia a comparecer ante el Parlamento y explicar criterios de actuación en casos de alto impacto.
«A este país le piden cuentas a los policías, le piden cuentas a los fiscales, le piden cuentas a los diputados», enfatizó el diputado Gonzalo Ramírez, al justificar por qué el Poder Judicial no puede ser la excepción.
Con el anuncio de esa investigación legislativa y la aprobación de las mociones de convocatoria, el tema de la rendición de cuentas judicial queda formalmente instalado en la agenda parlamentaria costarricense.
