La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, participó este lunes 5 de octubre en la sesión de Fuerza Élite, el espacio de coordinación en materia de seguridad impulsado por el Gobierno.
La funcionaria acudió acompañada por un equipo asesor tras recibir una invitación directa de la presidenta Laura Fernández Delgado.
La Defensoría de los Habitantes informó que su objetivo es conocer de primera mano los hallazgos, análisis e información que manejan las autoridades sobre la situación de seguridad del país.
También buscará examinar las acciones aplicadas y los resultados obtenidos hasta ahora en esa materia.
La institución puso especial atención en cinco ejes: seguridad ciudadana, prevención de la violencia, atención de víctimas, poblaciones en condición de vulnerabilidad y sistema penitenciario.
Defensoría de los Habitantes aportará insumos propios
La Defensoría indicó que utilizará la información recopilada para aportar insumos procedentes de sus propias investigaciones, denuncias y consultas de habitantes.
Además, incorporará datos de visitas a comunidades y del seguimiento a las actuaciones de instituciones públicas.
Angie Cruickshank Lambert afirmó que la institución llega a ese espacio con una doble intención: escuchar y aportar.
«La Defensoría llega a este espacio a escuchar, a conocer la información y la evidencia que están generando las autoridades y también a aportar desde nuestra propia experiencia institucional»
La funcionaria añadió que el propósito es contribuir para que las respuestas frente a la criminalidad sean efectivas y, al mismo tiempo, garanticen los derechos de todas las personas.
Seguridad y derechos humanos no son objetivos contrapuestos
La Defensoría sostuvo que enfrentar la criminalidad y garantizar los derechos humanos no constituyen objetivos contrapuestos.
Planteó que las respuestas estatales deben combinar prevención, persecución del delito, atención de víctimas y respeto al Estado de derecho.
Como parte del contexto de seguridad, la institución citó datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según esas cifras, Costa Rica acumulaba 607 víctimas de homicidio doloso al 24 de setiembre de 2026.
La cifra era inferior a las 640 registradas en el mismo periodo de 2025, aunque el país volvió a superar las 600 muertes violentas antes de finalizar setiembre.
La Defensoría podrá identificar oportunidades de mejora y emitir recomendaciones relacionadas con las políticas de seguridad y penitenciarias, según informó la institución.
