La Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia autorizó a la Presidencia del máximo tribunal a emprender acciones legales y administrativas para impedir un recorte presupuestario de ¢23.722 millones al Poder Judicial para 2026.
La medida fue ordenada por el Ministerio de Hacienda y se tramitará mediante un presupuesto extraordinario que deberá conocer la Asamblea Legislativa.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra la mayor reducción, con ¢9.536,3 millones menos, según informó la institución.
El fiscal general Carlo Díaz vinculó el recorte con una posible intención de “tomar” al Poder Judicial y advirtió que comprometerá la capacidad de contener al crimen organizado.
«Entre mejor lo haga el OIJ, más fuerte lo van a golpear para que no tenga recursos»
Michael Soto, director del OIJ, señaló que el recorte podría llevar al país al “caos” y que su tiempo se ha dedicado a preocupaciones presupuestarias en lugar de planificación de investigaciones.
Cuestionamientos directos a Rodrigo Chaves
El magistrado Jorge Araya cuestionó directamente a Rodrigo Chaves al preguntar “¿A favor de quién está: del crimen organizado y del narcotráfico, o de los costarricenses decentes y honorables?”.
Jorge Araya solicitó una reunión urgente con jefaturas del bloque democrático de la Asamblea Legislativa para abordar la situación.
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro indicó que las organizaciones criminales “deben estar frotándose las manos” ante la reducción de recursos.
Los recursos forman parte del presupuesto ya aprobado para 2026 y corresponden a partidas de operación institucional para el resto del año.
El recorte se suma a una reducción previa de ¢13.242 millones aceptada por la Corte Plena en junio.
La decisión de la Corte Plena habilita a la Presidencia del tribunal a gestionar las acciones necesarias ante las instancias correspondientes.
