La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, anunció que presentará acciones legales contra el recorte de ₡13.106 millones al presupuesto del Poder Judicial para 2026.
La decisión fue avalada por unanimidad por los magistrados en una sesión extraordinaria celebrada este miércoles, con la abstención de la Sala Constitucional.
La gestión, cuyo tipo no fue precisado, se planteará antes del encuentro de presidencias de los Supremos Poderes previsto para el próximo viernes en la sede judicial.
Vargas explicó que el aval era necesario porque hasta ahora la Corte Plena solo había autorizado presentar una consulta de constitucionalidad.
Antecedentes del conflicto presupuestario
El tema se discutió en la sesión del 19 de octubre anterior. Ese día, los altos jueces respondieron una consulta de la diputada del Partido Liberación Nacional, Ángela Aguilar Vargas.
Los magistrados acordaron que el plan extraordinario de gastos de este año afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
El informe provocó un choque de criterios entre la legisladora consultante y el jefe de fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén.
La discusión giró en torno a si aplica el artículo 167 de la Constitución Política, que exige 38 votos para aprobar definitivamente iniciativas que impactan a la Corte.
Posición del Congreso
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, adelantó durante la discusión del Presupuesto Nacional 2027 que no considera vinculantes los criterios de los magistrados que no hayan sido consultados formalmente por los diputados.
El proyecto que pretende disminuir el plan de gastos del Poder Judicial se mantiene en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.









