El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, cuestionó la propuesta de la diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez que plantea trasladar a la Asamblea Legislativa la elección del jerarca del Ministerio Público, en lugar de que sea designado por la Corte Suprema de Justicia.
Las declaraciones fueron brindadas durante su participación en un programa de la Universidad de Costa Rica, donde analizó los alcances de la iniciativa.
Durante su intervención, Díaz fue enfático en que la propuesta, pese a su nombre, no garantizaría mayor transparencia y, por el contrario, abriría la puerta a la politización del cargo.
“Lo del título está muy bonito, pero si usted lee la propuesta, transparencia no va a haber. Eso es mentira (…) el título está lindísimo: ‘Transparencia y fortalecimiento del Ministerio Público’. No, no… ahí no va a haber transparencia”, afirmó.
El fiscal general advirtió que, de aprobarse el cambio, la persona designada estaría sujeta a intereses políticos.
“Ese fiscal va a tener que responder al oficialismo, y va a tener que hacerse de los ojos ciegos, de taparse los ojos, ante los eventuales actos de corrupción que cometan incluso las personas que lo eligieron”, sostuvo.
Díaz insistió en que el Ministerio Público debe mantenerse independiente de cualquier grupo de poder, incluyendo el político, y rechazó que su jerarca sea nombrado por un órgano de carácter político.
“No debe el Ministerio Público ser nombrado nunca por un órgano político porque va a responder a esos intereses (…) eso es lo que se quiere resguardar, la independencia”, señaló.
Asimismo, defendió el modelo actual de designación por parte de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que responde a criterios técnicos y jurídicos.
“Yo conservaría el modelo actual. Para mí ha funcionado bien (…) la decisión de los magistrados es técnica, jurídica, de acuerdo a las competencias”, indicó.
El fiscal también aseguró que su propio nombramiento se dio bajo ese esquema sin vínculos previos con magistrados, lo que, según dijo, evidencia la objetividad del proceso.
Finalmente, advirtió que trasladar esta decisión al Congreso implicaría politizar un cargo que, a su juicio, debe mantenerse alejado de intereses partidarios.
“Llevarlo a la Asamblea Legislativa es politizar un nombramiento de una persona que no tiene que ser política (…) eso para mí es más peligroso”, concluyó.
