El abogado Boris Molina cuestionó la denuncia por presunto prevaricato presentada contra una resolución de la Sala Constitucional y aseguró que la acción carece de fundamento jurídico.
Según explicó, el recurso responde a una diferencia de interpretación entre los magistrados y no a una actuación que pueda configurar el delito.
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Molina señaló que las discrepancias en las resoluciones judiciales son comunes dentro de los tribunales y forman parte del ejercicio independiente de la función jurisdiccional.
«El prevaricato implica que un juez o magistrado dicte deliberadamente una resolución contraria a la ley o basada en hechos falsos»
El abogado sostuvo que esa situación no se evidencia en el caso que motivó la denuncia contra los magistrados.
Críticas al uso de denuncias contra el Poder Judicial
Boris Molina manifestó que este tipo de denuncias suelen presentarse pese a tener escasas posibilidades de prosperar.
Además, consideró que posteriormente son utilizadas para cuestionar la credibilidad del Poder Judicial y reforzar un discurso de confrontación con esa institución.
El abogado agregó que corresponderá a las autoridades competentes analizar la denuncia y determinar si reúne los requisitos legales para continuar su trámite.
Sin embargo, insistió en que, desde su perspectiva, el caso responde a un desacuerdo jurídico y no a una conducta ilícita por parte de los magistrados.
Reacciones por la resolución de la Sala Constitucional
Las declaraciones de Boris Molina surgen en medio del debate generado por la denuncia presentada tras una resolución de la Sala Constitucional.
El asunto ha provocado reacciones desde distintos sectores políticos y jurídicos del país, que han manifestado posturas encontradas sobre la actuación del tribunal.
La denuncia quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar si existen elementos para abrir una investigación formal contra los magistrados.
