El abogado Boris Molina afirmó que la técnica de fecundación in vitro (FIV) es un derecho completamente consolidado en Costa Rica y en el ámbito interamericano, ante eventuales intentos legislativos por eliminarla.
Molina respondió así a una consulta de dos ciudadanos identificados como Priscila e Ismael, quienes manifestaron su preocupación por versiones sobre una posible iniciativa de diputados para suprimir nuevamente la FIV en el país.
El abogado recordó que representó al 70% de las víctimas en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, litigado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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Molina calificó el fallo como un caso emblemático a nivel global que marcó el derrotero en el tratamiento de los derechos reproductivos en los seres humanos.
Protección jurídica de la fecundación in vitro
El abogado explicó que la sentencia de la Corte IDH constituye una disposición vinculante no solo para Costa Rica, sino para los 34 países que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que están suscritos al sistema interamericano de derechos humanos.
«Ya es un derecho completamente consolidado, no solo en favor de los costarricenses, sino, en este caso por ser una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en favor de todas las personas que conforman este organismo»
Ante la posibilidad de que un grupo de diputados presente una iniciativa para eliminar la FIV, Molina advirtió que la Sala Constitucional debería declarar inconstitucional esa ley de forma automática.
«Si a un diputado costarricense o a un grupo de diputados costarricenses se le ocurre hacer semejante tontera, semejante atropello jurídico, entonces deberíamos esperar que la Sala Constitucional automáticamente declare inconstitucional esta ley»
El abogado añadió que, en caso de que la Sala Constitucional no actuara, correspondería acudir nuevamente a la Corte IDH para que conmine a Costa Rica a cumplir con los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos.
Molina destacó que el caso Artavia Murillo estableció un precedente mundial en materia de derechos reproductivos y que su protección se extiende a todos los latinoamericanos y a nivel global.
