La Sala Constitucional admitió para estudio una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 81 del Código de Minería, que restringe quiénes pueden presentar oposiciones a permisos y concesiones mineras en Costa Rica.
El expediente 26-037195-0007-CO fue presentado por siete personas y admitido el pasado 11 de noviembre.
Los accionantes cuestionan que la norma limite las oposiciones a titulares de derechos mineros previos, excluyendo a personas, comunidades y organizaciones interesadas en la protección del ambiente.
Sostienen que esa restricción resulta incompatible con el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el principio democrático y la participación ciudadana en asuntos de interés público.
Quiénes pueden oponerse actualmente a una concesión minera
El artículo 81 de la Ley 6797 establece que solo pueden presentar oposiciones quienes tengan en trámite una solicitud anterior sobre la misma área, cuenten con un permiso o concesión previamente otorgado, ostenten un derecho preferente o realicen trabajos manuales de extracción en placeres desde antes de la solicitud.
La legislación fija un plazo de 15 días desde la última publicación del aviso para presentar oposiciones ante el Registro Nacional Minero.
Según los accionantes, estas disposiciones fueron concebidas para resolver conflictos entre personas con intereses mineros sobre una misma área, pero no contemplan oposiciones fundamentadas en la protección de bienes ambientales de interés colectivo como el agua, los suelos, la biodiversidad o el paisaje.
La parte accionante sostiene que tanto la redacción de la norma como la interpretación de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía impiden que las personas interesadas en proteger esos bienes intervengan formalmente en los procedimientos de concesión.
Como ejemplo citaron la resolución 2866-2026 de la Dirección de Geología y Minas, emitida dentro del expediente administrativo 2023-CDP-PRI-030.
Según argumentaron, esa decisión impidió que personas con interés legítimo en la protección ambiental expusieran los riesgos asociados con la concesión minera objeto de análisis.
Recursos minerales como dominio público
Uno de los principales argumentos es que los procedimientos para otorgar permisos y concesiones mineras no pueden abordarse exclusivamente como controversias entre particulares con intereses económicos contrapuestos.
El artículo 1 del Código de Minería establece que el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales existentes en el territorio nacional y su mar patrimonial.
Los accionantes consideran que esa condición jurídica implica que las decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos minerales trascienden los intereses particulares y deben orientarse a satisfacer el interés general y proteger el ambiente.
Sostienen que la ciudadanía debe tener la posibilidad de intervenir en los procedimientos administrativos mediante los cuales el Estado decide autorizar actividades que podrían afectar bienes pertenecientes a toda la colectividad.
Competencias ambientales de la autoridad minera
La parte accionante argumenta que las competencias ambientales de la Dirección de Geología y Minas son distintas y complementarias a las que ejerce la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
Según expusieron, el Código de Minería atribuye a la autoridad minera responsabilidades específicas relacionadas con la incorporación de obligaciones ambientales en los permisos y concesiones, la fiscalización de su cumplimiento y la prevención, corrección y reparación de daños derivados de actividades extractivas.
Entre las disposiciones invocadas figuran los artículos 101 a 107 del Código de Minería, que contienen obligaciones en materia de protección ambiental y regulan aspectos relacionados con los impactos de las actividades mineras sobre recursos hídricos, suelos, biodiversidad, poblaciones humanas y patrimonio arqueológico.
Los accionantes también hicieron referencia al artículo 104, que exige demostrar que el desarrollo de determinadas actividades mineras en terrenos forestales, reservas biológicas o cuencas hidrográficas representa una mayor utilidad económica o social para el Estado que la conservación del área.
Por ello, sostienen que la existencia de mecanismos de participación ciudadana en los procedimientos de evaluación ambiental de Setena no elimina la necesidad de garantizar esa participación en los trámites ante la Dirección de Geología y Minas.
Jurisprudencia constitucional e interamericana
La acción plantea que el artículo 81 del Código de Minería vulnera los artículos 9 y 50 de la Constitución Política, en relación con los artículos 89 y 121, inciso 14.
Particularmente, los accionantes invocan el artículo 50 constitucional, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la legitimación para denunciar los actos que infrinjan ese derecho.
La parte accionante argumenta que la jurisprudencia constitucional ha reconocido ampliamente la posibilidad de que las personas intervengan en defensa de intereses difusos, es decir, aquellos que pertenecen a la sociedad en su conjunto.
También citó la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativa al ambiente y los derechos humanos, en la cual el tribunal interamericano desarrolló estándares sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Según los accionantes, garantizar una participación efectiva exige que las instituciones públicas proporcionen información oportuna y comprensible, establezcan plazos razonables para formular observaciones y permitan que las comunidades potencialmente afectadas intervengan antes de que se adopten las decisiones administrativas.
La parte accionante concluye que limitar las oposiciones a quienes acrediten derechos mineros previos constituye una barrera desproporcionada para ejercer el control ciudadano sobre decisiones administrativas con posibles consecuencias ambientales.
Admisión no paraliza el otorgamiento de concesiones
La Sala Constitucional admitió la acción al considerar que reúne los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y reconoció la legitimación de los siete accionantes por actuar en defensa de intereses difusos.
El tribunal concedió una audiencia de 15 días a la Procuraduría General de la República y al director de la Dirección de Geología y Minas del Minae para que se pronuncien sobre los argumentos planteados.
También ordenó publicar tres avisos consecutivos en el Boletín Judicial para que las personas con interés legítimo puedan comparecer ante el tribunal.
La Sala recordó que, como regla general, las acciones de inconstitucionalidad presentadas directamente en defensa de intereses difusos no producen efectos suspensivos.
Por tanto, la admisión de esta acción no implica la suspensión general del artículo 81 del Código de Minería ni la paralización de los procedimientos para otorgar permisos y concesiones mineras.









