El presidente de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, Rafael Ángel García, calificó como “autoritarias” las medidas impuestas por el Ministerio de Justicia y Paz a los internos Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez, alias “Tan”.
Ambos permanecen recluidos en la unidad de máxima seguridad del centro penitenciario Jorge Arturo Montero Castro. García manifestó su preocupación por las restricciones que, según dijo, afectan derechos que aún conservan las personas privadas de libertad.
Entre las disposiciones señaladas están la suspensión del tiempo al aire libre, la imposibilidad de realizar llamadas telefónicas, la restricción para recibir visitas familiares y la eliminación de las visitas íntimas.
«Estas acciones son autoritarias y no responden a ninguna resolución emitida por un juez o autoridad judicial»
García sostuvo que las medidas fueron adoptadas por decisión del Ministerio de Justicia y Paz, sin el respaldo de un proceso judicial. A su juicio, tal proceder podría vulnerar derechos fundamentales protegidos por la legislación nacional.
Garantías de personas privadas de libertad
El representante recordó que las personas bajo custodia del Estado mantienen garantías que deben ser respetadas, independientemente de los delitos por los que fueron condenadas o procesadas. «Cualquier medida extraordinaria debe ajustarse al marco legal correspondiente», señaló.
García instó a las autoridades a revisar las disposiciones aplicadas y a garantizar que se cumplan los estándares de derechos humanos en los centros penitenciarios. Insistió en que las restricciones no pueden ser impuestas de forma unilateral por el Ministerio sin intervención judicial.
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia y Paz no ha emitido una respuesta a los cuestionamientos planteados por la asociación. Tampoco ha ofrecido declaraciones sobre las restricciones aplicadas a alias “Diablo” y alias “Tan”.
La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias mantiene su postura de exigir que se respeten los derechos de los reclusos. García reiteró que el Estado tiene la obligación de velar por la integridad de todos los privados de libertad, sin importar la gravedad de los delitos imputados.
