El Frente Amplio, junto con diputadas y diputados de distintas bancadas, presentó un proyecto de ley que busca prohibir y sancionar los llamados Esfuerzos para Corregir, Reprimir o Suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género (ECOSIG), conocidos popularmente como “terapias de conversión”.
La iniciativa plantea reformar la Ley General de Salud para prohibir la realización, imposición, financiamiento, promoción u ofrecimiento de estas prácticas. Además, impediría que profesionales de la salud las recomienden o remitan a personas hacia quienes las realizan.
El legislador Antonio Trejos Mazariegos calificó estas prácticas como formas de tortura y rechazó que se les denomine terapias.
«Estas son formas de tortura, mal llamadas terapias, que lo que buscan es engañar a la persona para creer que sus sexualidades son males, que tiene que ser reprimida y sancionada»
El proyecto también impediría que profesionales de la salud recomienden o remitan a personas hacia quienes realizan estas prácticas.
Antonio Trejos Mazariegos advierte riesgos para la salud mental
El diputado Antonio Trejos Mazariegos sostuvo que estas prácticas carecen de respaldo científico y no buscan tratar ninguna enfermedad.
Según el legislador, pueden generar afectaciones como depresión, ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio.
«No funcionan. La evidencia científica lo demostró. Lo único que producen son depresión, aislamiento, y incluso en algunos casos, autolesiones y mayores riesgos de suicidio»
De aprobarse la iniciativa, el Ministerio de Salud podría ordenar el cese de estas prácticas e imponer multas de entre uno y cinco salarios base.
También podría suspender o cancelar permisos sanitarios, siempre respetando el debido proceso.
Alcances y límites del proyecto de ley
La propuesta establece que no se sancionarán opiniones, sermones, enseñanzas religiosas ni acompañamiento espiritual solicitado libremente.
Tampoco se limitaría la atención psicológica legítima que no tenga resultados predeterminados.
«Lo que propone es un debido proceso contra los profesionales de salud y los centros de salud que se presten para estos engaños y prácticas de tortura»
El proyecto retoma y actualiza el expediente N.° 20.970, presentado en 2018 por el entonces diputado José María Villalta.
Esa iniciativa anterior fue archivada por vencimiento del plazo cuatrienal, pese a que los informes técnicos y científicos respaldaban la necesidad de un marco jurídico en esta materia.
